El exgerente municipal José Miguel Castro fue encontrado degollado en el baño de su vivienda tres meses antes de que comenzara el juicio contra Susana Villarán.

Luego de tres meses de la trágica muerte de  José Miguel Castro, el testigo principal de los sobornos entregados por Odebrecht, OAS y Graña y Montero, que amaneció degollado en el baño de su vivienda, el Ministerio Público no ha logra determinar si el deceso del hombre de confianza de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán fue un suicidio (tendría que ser con un machete que no se ha encontrado) o un homicidio, aunque todas las evidencias apunten a que se trató de un crimen.

Lo mas preocupante que a diferencia de otra muertes, incluso la del expresidete Alan García, en que la necropsia se ha volanteado como propaganda de alguna Galería de Gamarra, en este caso, la fiscalía en manos de Delia Espinoza y l argolla caviar, ha guarda el documento bajo siete llaves

La posición en que fue hallado el cuerpo, la profundidad del corte en el cuello y un acta que da cuenta del deceso revela fue un “hecho violento” y que no fue un suicidio. No obstante, la fiscalía calla. El cuerpo del occiso fue encontrado en la mañana del 29 de junio por su familia con un tremendo corte en el cuello y dos cuchillos. El reporte recomendaba un examen de necropsia “por tratarse de una muerte violenta”. El informe de necropsia ya fue emitido por el área de peritajes de la Fiscalía y está en manos del fiscal penal de Miraflores, Richard Rojas, exadjunto del fiscal Superior Rafael Vela, que está a cargo de esclarecer el fallecimiento.

Incluso, una copia de ese documento fue entregada por el fiscal Rojas a su amigo, el fiscal José Domingo Pérez para que dé cuenta de ello en el juicio contra Susana Villarán que se inicia mañana, porque el exfuncionario era acusado en el mismo proceso por los millonarios aportes ilícitos que recibió la exburgomaestre de las empresas OAS, Odebrecht y Graña y Montero, que tenían contrartos con la Municipalidad de Lima y gozaban de gollerías, según Villarán, solamente fueron utilizados para financiar sus campañas, pagando banderolas, avisaje en la TV y Radio, pago a los artistas en las campañas contra la revocatoria y su frustrada reelección.

Empero, según Peru 21 las conclusiones de la necropsia a direncia de otras muertes violentas son ambiguas y no han servido para que la Policía Nacional del Perú (PNP), que fue relegada, pueda esclarecer las causas del trágico deceso por degollamiento.

La División de Homicidios ha conducido el ritmo de las pesquisas; no obstante, no ha conseguido tener resultados definitivos en todo este tiempo. Por ejemplo, hasta ahora no se ha intervenido el celular de Castro, para saber con quiénes se comunicó en sus últimas horas y si recibía llamadas o mensajes amenazantes. Las fuentes indicaron a este diario que, aunque cuentan con el software, los policías no le han dado prioridad a esa diligencia pese a su importancia.

La información recogida hasta el momento únicamente son los testimonios del padre, Julio Castro Gómez, de la viuda, Paula Maguiña Ugarte, y de su hijo menor, que estuvo con Castro Gutiérrez horas antes de su muerte. Maguiña declaró que en la madrugada de ese 29 de junio, en el vehículo en que su exesposo recogió a su hijo de una fiesta estaba un amigo de este último.

Otra evidencia son los videos grabados por las cámaras de seguridad de la zona, que muestran las entradas y salidas del domicilio del fallecido en episodios previos al sangriento desenlace. Ante el lento avance, que quedará en evidencia ante cámaras en el inicio del juicio el fiscal Rojas requirió a la PNP que le envíe todo lo actuado para, en adelante, decidir sobre la estrategia legal que se seguirá. La documentación fue recibida por su despacho el pasado miércoles. Otro de los interrogatorios pendientes es al perito que hizo la necropsia para que explique detalladamente qué tipo de ataques encontró en el cadáver.

CASTRO SABÍA DEMASIADO

La confesión de Castro en el juicio era vital para sustentar la acusación fiscal contra Susana Villarán. Si bien el fiscal Pérez amarró el macho y no se convirtió en colaborador eficaz, Castro ya había señalado que sabía perfectamente de los abonos de las contratistas del municipio.

En una declaración del 8 de julio de 2022, especificó los aportes entregados por OAS, Odebrecht y Graña y Montero. Ese dinero, según Villará, únicamente estaba destinado a financiar sus actividades proselitistas para evitar la revocatoria en 2013 (US$6’100,000) y para buscar la reelección en 2014 (US$5’193,816).

Para la Fiscalía, esas donaciones económicas sirvieron para que OAS consiguiera la adenda que amplió el cobro de peaje por la Línea Amarilla de 30 a 40 años, avalado por Maritza Glave. Por el lado de Odebrecht, de acuerdo con la acusación, la suma millonaria fue a cambio de asegurar el contrato de concesión de Rutas de Lima. y por GyM para viabilizar Via Expresa Sur.

A estas alturas el demorón fiscal Pérez cuenta conpruebas que corroboran el uso de dinero ilícito para las actividades proselitistas de la exalcaldesa y el pago a sus allegados. Lo que debe quedar claro es si el macabro final de Castro fue un acto para silenciarlo o no.

Por la demora del Equipo Lavajato en este caso clarísimo, la sentencia final se encuentra por lo menos a seis años de distancia favoreciendo a las empresas brasileñas que lograron vender estos peajes a todas luces corruptos y ahora aducen los ayayeros de turno que los «contratos se respetan»,