El Proyecto Majes Siguas II (PMS II), es en su concepción un proyecto de
expansión e irrigación agrícola (más de 38 mil hectáreas a ser irrigadas) en
las pampas de Majes y Siguas (Arequipa), así también tiene fines energéticos
con la construcción de centrales hidroeléctricas (Lluta, Llucllo y Molloco)
para esto se contempla la construcción de la represa de Angostura, un túnel de
trasvase (que derivará las aguas del río Apurímac al Colca) y la bocatoma de
Lluclla. Todo esto en plena frontera con la provincia de Espinar-Cusco. Fue
así que este proyecto dio origen a uno de los conflictos socio-ambientales de
larga duración en la región del Cusco pues en la provincia de Espinar nunca se
estuvo conforme con este proyecto pues sostenían que no se consideraba las
demandas en el uso de agua actuales y futuras de Espinar poniendo en riesgo su
desarrollo; así desde el 2007 se abrieron 2 frentes de lucha para evitar la
ejecución del PMS II, tanto a nivel de organizaciones de base y otro frente de
lucha desde el lado legal. En el primer frente se dieron diversas actos de
protesta desde movilizaciones, toma de carreteras, paros indefinidos y desde el
frente legal una serie de acciones (llevadas a cabo sobre todo por la
Municipalidad de Espinar y el Gobierno Regional del Cusco) hasta aquella donde
se llegó al Tribunal Constitucional órgano que dispuso un Estudio de Balance
Hídrico, siendo la Autoridad Nacional del Agua la que se encargaría de
dirigirlo y el estudio sería realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (Unops) y una acción de amparo interpuesta por el
Gobierno Regional del Cusco hacia el 2010 que logró paralizar el proyecto. En
el mes de noviembre del pasado año el Tribunal Constitucional le puso fin a la
enredada disputa legal surgido disponiendo la conclusión y archivo definitivo
de la demanda interpuesta por el Gobierno Regional del Cusco contra el PMS II,
dando con esto además luz verde a la ejecución del mismo. Ahora dicho
proyecto es la típica incursión capitalista en el sector rural, miles de
hectáreas de terreno destinados a la agroexportación y que obviamente está
dirigida hacia el gran capital, así cada hectárea de terreno costará más de
5mil dólares, un costo inalcanzable para los campesinos arequipeños. Las
hidroeléctricas por su lado tienen un fin que es el de abastecer de energía a
las empresas mineras y/o para poder vender energía a países donde esta ya
escasea como en el Brasil. Al final la ineptitud de las autoridades regionales
cusqueñas no pudo frente a la voracidad del capital avalado por el gobierno
“nacionalista” de Humala y su aliado Guillén. En el trance de este conflicto
pasaron 2 alcaldes en Espinar, 2 presidentes regionales del Cusco (uno purga
condena en el penal de Qenqoro-Cusco, por corrupto), y 2 presidentes de la
República (que siempre estuvieron a favor del ejecución del proyecto) y para el
caso de Arequipa quien sostuvo la disputa fue sobre todo el presidente regional
Guillén en sus 2 periodos también. Es decir autoridades estatales enfrentadas
entre sí, un conflicto intra-estatal. Que pinta de cuerpo entero al Estado
Neoliberal peruano, fruto de los ajustes estructurales de los años noventa
donde la doctrina mandaba reducirlo, siendo copado por los poderes
empresariales a través de una tecnocracia que en más de una década del modelo
neoliberal hoy gobiernan este país a su antojo. Vemos pues que el Estado hoy
no puede garantizar ni siquiera un mínimo de diálogo y coordinación adentro
suyo, pues el conflicto a raíz del PMS II no es un conflicto entre cusqueños y
arequipeños como sostienen muchos, este es un conflicto producto de un Estado
inservible para el peruano sea cual fuere su región de nacimiento y servil al
gran capital. Toca entonces a las fuerzas que apuestan por el cambio y la
transformación social plantearse la refundación de este Estado que hoy está en
estado de emergencia. Revista Vanguardia