El elevado costo de los medicamentos periódicamente vuelve a la palestra,
esta vez: “porque el gasto postpandemia por persona en salud se ha incrementado
en 29 %, alcanzando los S/ 444 (2023) versus S/ 344 (2019) entre medicamentos y
atención. Mientras los medicamentos se elevaron 24 %, la atención creció 32 %,
según la Encuesta Nacional de Hogares” (Videnza 4/9/24).
No ha pasado mucha agua bajo el puente desde que Indecopi anunció “un
procedimiento sancionador” contra 15 laboratorios por “concertar”, como en un
cártel, en 23 licitaciones (19 del Minsa y 4 de EsSalud) durante el período
2006-19 por una suma de S/ 6,041 millones (18/7/24). Los involucrados son:
Medifarma (que adquirió Hersil en 2022) de Francisco Picasso Candamo,
Laboratorios AC Farma y Droguería Santiago de los hermanos Arriola, PeruLab e
Instituto Quimioterápico de los hermanos Peirano, Labot de Mario Mongilardi y
Antonio Armejo, Laboratorios Unidos de Carloman Flores, Pharmagen de Aleja
Quispe, OQ Pharma de José Olórtegui, Jobal Pharma de Shellah Baldarrago, Pereda
Distribuidores de Carlos Pereda, Laboratorios Lansier de Alejandro Gamboa,
Laboratorios Portugal de la mexicana Sanfer, la israelí Teva y la alemana B.
Braun. No se requiere ser zahorí para sospechar que la concertación continúa:
“En 2022 se adjudicaron apenas el 55 % de procesos programados en el plan anual
de contrataciones, mientras que en 2023 solo se adjudicaron el 79 % de los
procesos” (Videnza 20/5/24).
Tal escándalo motivó que el ministro de Salud, César Vásquez, despertara de
su letargo para exhortar a la Fiscalía: “Investigan a políticos, pero no
quieren investigar a los grandes laboratorios… lamento que luego de conocerse
que existe un club como el Club de la Construcción, que se ponían de acuerdo
para subir los precios de los medicamentos; o se coludían para no presentarse a
las convocatorias del CENARES para que se declaren desiertas y se compren más
caros estos medicamentos, el Ministerio Público aún no se haya pronunciado…”
(15/8/24). Esta concertación trae a la memoria la concertación de las
farmacias en el 2016 (antes ocurrió el Caso Pañales), por lo que tanto Inkafarma
como Mifarma fueron sancionadas por Indecopi por integrar un “cártel” (junto con
boticas Arcángel y Fasa).
Por otro lado, en enero de 2018, InRetail (dueño de Inkafarma) de Carlos
Rodríguez Pastor adquirió Quicorp (grupo Mulder), que incluía el laboratorio
Química Suiza, centros de distribución y las boticas Mifarma, por US$ 583
millones. La fusión Inkafarma-Mifarma sumó 2245 boticas (hoy 2400), que
representan “el 95 % del canal moderno” (Semana Económica 2/2/18). No obstante,
Juan Carlos Vallejo, gerente de InRetail, se defendía: “apenas representa el 18
% de todas las boticas” y “el volumen de ventas de ambas (Inkafarma y Mifarma)
suma el 34 % del mercado” (26/1/18), mientras que Hernán Malpartida de InRetail,
más chapucero, añade: “No existe un monopolio farmacéutico, ni existe una
posición de dominio. La cadena de boticas… no llega ni al 10 % del mercado”
(22/5/24). En el primer semestre, InRetail Pharma tuvo ingresos por S/ 4,309
millones y la utilidad alcanzó los S/ 402 millones.
Hay que recordar que el abogado Mario Ríos de Derecho y Justicia en Salud
presentó una demanda en julio de 2020 para anular la adquisición de Quicorp,
alegando: “han vulnerado el derecho a la salud… al sentar una posición de
dominio dentro del mercado farmacéutico”. En septiembre de 2023, la demanda se
declaró infundada en una sentencia de primera instancia, pero continúa en
segunda instancia. La Constitución de 1979 prohibía tajantemente el monopolio,
mientras que la Constitución de 1993, más complaciente, castiga (teóricamente)
el abuso de la posición de dominio. ¿Será verdad?
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