Como si se tratara del Santo Grial o las Llaves del Reino de los Cielos, la
presidenta Dina Boluarte ha anunciado la creación del Ministerio de
Infraestructura (MINFRA), que “absorberá a la Autoridad Nacional de
Infraestructura (que justamente Dina creó el 21/7/23) y los programas adscritos
a los ministerios” (28/7/21). Ergo, se suman: Provías, Pronis (Salud), Pronied
(Educación), entre otras entidades, que representan el 31% del presupuesto de
inversión pública. No se incorpora ProInversión, que promociona las asociaciones
público-privadas (APPs) y que seguirá en el MEF, ni a FONCODES. Tampoco se
incluye la obra a cargo de regiones y alcaldías.
La presidenta espera que el MINFRA esfume la corrupción, la ineficiencia y la
mediocridad. Es importante diferenciar la obra pública (OP) de las concesiones
de las APPs. En la OP, el diseño está sujeto a la arbitrariedad en los costos de
la burocracia (ejemplo Provías), donde se deben homogenizar los costos
unitarios, mientras que la buena pro OP tiene un tope de 10% hacia arriba (y
hacia abajo), y los costos adicionales un límite de 25%. Sin embargo, los
arbitrajes en las últimas décadas han asolado sin mesura el tesoro público.
En la ejecución, hasta el Caso Lava Jato, la supervisión a cargo de terceros
era una garantía. Otro tema, no menor, son las cartas fianza “truchas”
presentadas por los contratistas para recibir el adelanto del 20%, que combinado
con la voracidad de las autoridades, ha provocado que en 11 mil (92%) de las 12
mil obras paralizadas (a un costo de S/ 64 mil millones), el avance sea menor al
30%. Es decir, se juntaron los Al Capones y los Rififís.
A raíz de los Panamericanos de Lima (2019), se vienen promocionando dos
“soluciones mágicas”: el contrato de gobierno a gobierno (G2G) y el PMO (Project
Management Office) a cargo de la gestión del proyecto. No obstante, el costo por
metro cuadrado que exhibe la Villa Panamericana no tiene correlato con el
mercado nacional (200%), y, sobre los prodigios de los PMOs, no resulta ocioso
recordar que la Refinería de Talara contaba con un PMO: Deloitte. Sin embargo,
el presupuesto inicial de US$ 2.7 mil millones ha superado los US$ 7 mil
millones, sin que el excontralor Nelson Shack haya cumplido con la promesa,
antes de irse, de presentar la evaluación final.
Respecto a las APPs (aun cuando la participación privada no pasa de un
cachito), se escapan de los límites de la Ley de Contrataciones, tornándose el
costo de los últimos proyectos incontrolable. Ejemplos: la Interoceánica Sur
empezó en US$ 800 millones y bordeó los US$ 4,000 millones, mientras que la
línea 2 del Metro, en que ProInversión optó por el diseño más oneroso y con
postor único: ACS por US$ 5,700 millones, cuyo avance, pese a haber transcurrido
10 años, apenas ronda el 50%. Mientras tanto, los arbitrajes vienen
incrementando sin pausa el costo final.
El gobierno militar de Juan Velasco (1968) liquidó el Ministerio de Obras
Públicas (Nicolás Piérola, 1896) creando cuatro ministerios: Transporte, Energía
y Minas, Comercio e Industria y Vivienda. Mientras que Alan García, en su primer
gobierno, creó el Ministerio de la Presidencia (1985) que fue potenciado por
Alberto Fujimori, agrupando: Fonavi, FONCODES, INFES (Educación), CORDELICA,
entre otros.
El PBI de 1994 creció en 13.4%. Increíble, pero cierto. En una suerte de
tsunami de cemento se gestó el lema de campaña de la primera reelección: “Tres
colegios por día”, inaugurando además, postas, puentes, canales, etc., lo que se
reflejó en el 65% de votación que obtuvo en las ánforas (Caretas, 1995).