La mayor universidad de la Argentina, bajo amenaza de cierre por los recortes de Milei
La Universidad de Buenos Aires, con unos 350.000 alumnos, se declara en
emergencia económica ante el ajuste presupuestario del Gobierno y advierte de
que está en riesgo el funcionamiento de sus facultades y hospitales
Un grupo de personas estudiando en una habitación helada y oscura, apenas
iluminada por una vela. Esa escena medieval que está en el origen de la
universidad moderna amenaza convertirse en el futuro inmediato de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), asediada, como todas las facultades públicas en
Argentina, por el recorte de fondos que está ejecutando el Gobierno del ultra
Javier Milei. La UBA, la institución universitaria más grande del país, lugar de
formación de cinco premios Nobel, y donde hoy estudian más de 347.000 alumnos,
acaba de declararse en emergencia presupuestaria. “Nunca vi un ajuste como el
que se está haciendo ahora. La situación es muy angustiante”, dice el
vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti. Aún es una incógnita si la
UBA podrá seguir funcionando más allá de mitad de año.
Entre otras medidas para combatir el déficit de las cuentas públicas, el
Gobierno de Milei prorrogó para 2024 el presupuesto estatal del ejercicio
anterior, votado por el Congreso a fines de 2022. Por el camino, la inflación
interanual alcanzó (de marzo a marzo) el 287,9%. En el caso de la UBA, el
presupuesto prorrogado consta de 121.000 millones de pesos (unos 140 millones de
dólares, según la cotización oficial). La gran mayoría de esos recursos, casi el
90%, se destina a salarios de profesores y trabajadores no docentes. Con el
resto se financian los gastos de funcionamiento: pago de servicios,
mantenimiento de aulas y laboratorios, conectividad, seguros, compra de insumos,
libros y publicaciones.
“El presupuesto para gastos de funcionamiento asignado actualmente constituye
un recorte en términos reales del 80 %. Es decir, por cada 10 pesos que contaba
la UBA en marzo de 2023, hoy tiene dos″, detalló la universidad la semana
pasada, al declararse en emergencia económica. ¿Qué implica esto en la vida
cotidiana de la institución? “En breve no vamos a poder pagar las facturas de
electricidad que, de abril del año pasado a abril de este año, aumentaron un
577%”, explica al vicerrector Yacobitti. “Vamos a tener que dejar de usar los
ascensores. Las bibliotecas van a tener que funcionar solamente mientras haya
luz diurna”, agrega.
Ni obras, ni reparaciones
La crisis presupuestaria afecta más a las unidades académicas que enfrentan
costos altos en insumos de enseñanza para prácticas de laboratorio, como las
facultades de Medicina, Odontología, Veterinaria, o Ciencias Exactas y
Naturales. Pero no solamente. “Se nos hace insostenible abrir y mantener en
funcionamiento los edificios, no hay recursos para los gastos de mantenimiento,
ni para cuestiones elementales como comprar productos de limpieza o hacer
arreglos de plomería. Hay una interrupción total de las obras de mejora de
infraestructura que estaban previstas”, resume Ricardo Manetti, decano de la
Facultad de Filosofía y Letras. “Hace 40 años que habito la vida universitaria,
hemos pasado muchos momentos complejos, pero no recuerdo ninguno como este. Hay
un deterioro enorme y ni siquiera hay diálogo con el Gobierno”.
El otro gran sector afectado es el de los hospitales que gestiona. La UBA
tiene seis hospitales universitarios de alta complejidad, donde no solo se
enseña e investiga, sino donde también se atiende a la población: el año pasado
más de medio millón de personas pasaron por sus consultorios. “Para la función
sanitaria de la universidad, el Gobierno ni siquiera nos envió el presupuesto
prorrogado. Hemos recibido cero pesos. Si no hay una pronta respuesta, en el
segundo semestre los hospitales no van a poder seguir funcionando”, advierte
Yacobitti.
Los salarios de los profesores y del personal no docente también cayeron en
forma estrepitosa: el rectorado de la UBA estima que los sueldos perdieron
frente a la inflación un 36% de su poder adquisitivo en los últimos cuatro
meses. Para los sindicatos docentes, la pérdida es aún mayor y supera los 50
puntos. “El 60% de los trabajadores no docentes pertenece al escalafón más bajo
y está cobrando por debajo de la línea de pobreza”, señala el vicerrector de la
universidad. La negociación salarial con el Estado está interrumpida desde
febrero.
“Nuestros docentes son excelentes, pueden dar clases e investigar en
cualquier universidad del mundo. Si este ajuste continúa, se van a ir los
mejores. Incluso si la universidad pudiera seguir funcionando, esto va a
repercutir negativamente en la calidad de la educación”, explica Abril
Marcolongo, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias
Exactas.
“Cuidemos lo que funciona”
En la campaña pública que está realizando la UBA para reclamar el
descongelamiento presupuestario destaca, justamente, la calidad académica de la
institución. “Cuidemos lo que funciona” es la consigna, pensada para
contrarrestar el discurso ultraliberal de Milei, que defiende un Estado mínimo y
al que define como “una organización criminal”. La UBA está entre las cinco
mejores universidades de Latinoamérica según el Ranking QS Global, el Shanghai
Ranking y el Ranking Center for World University. A la vez, está entre las 100
mejores universidades del mundo, según el Ranking QS. En los últimos días, el
Ranking QS por temática indicó que seis disciplinas de la universidad entraron
en el top 50 mundial: Lenguas modernas, Antropología, Derecho, Ingeniería del
petróleo, Sociología y Arte y diseño. Las autoridades de la UBA insisten en que
esos logros se alcanzaron con un presupuesto que, antes del actual ajuste, ya
era bajo en comparación con los recursos de otras instituciones de la región: la
Universidad de San Pablo (Brasil) contaba en 2023 con una inversión de 15.000
dólares por alumno al año y la Universidad Nacional Autónoma de México con 7.968
dólares, mientras que la UBA —informan— contó con 1.123 dólares por
estudiante.
Los reclamos de la comunidad académica vienen creciendo en intensidad, no
solo en la UBA sino en todo el sistema universitario, con huelgas,
manifestaciones y clases públicas. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha
sido que, “en un contexto de restricciones, fruto de la emergencia económica
actual”, las universidades deben “mejorar la forma de gastar e invertir”, en
palabras del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, durante el
último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. También prometió un
refuerzo del 70% en los fondos para gastos de funcionamiento, un monto que los
rectores consideraron exiguo. En ese contexto, los sindicatos de docentes y
trabajadores universitarios, las federaciones estudiantiles y las autoridades
académicas han convocado para el martes 23 de abril una marcha nacional en
defensa de la universidad pública, que tendrá epicentro de la Ciudad de Buenos
Aires y réplicas en distintos puntos del país. “Cuando el Gobierno plantea el
abandono de la universidad, está atentando contra el lugar donde se piensa el
mejoramiento de la Nación, donde se debate con perspectiva crítica el futuro de
las políticas públicas, de la economía, las leyes, la cultura, la educación, la
salud...”, dice el decano Manetti: “El ataque es a todo esto.”