La justicia deja a Dani Alves en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros
La Audiencia de Barcelona ordena que el futbolista, condenado por la
violación a una joven en la discoteca Sutton, entregue sus pasaportes y le
prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella
El exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves, condenado a cuatro años y medio
de cárcel por la agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton
de Barcelona, podrá salir en libertad provisional si abona una fianza de un
millón de euros. La Audiencia de Barcelona acaba de notificar la resolución en
la que accede parcialmente a la petición de la defensa de Alves de dejarlo en
libertad a la espera de que se dicte la sentencia definitiva. Los magistrados
argumentan que el riesgo de fuga del jugador, que está empadronado en Barcelona,
“se ha aminorado”.
El auto dictado por la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona le impone,
sin embargo, una serie de condiciones. Para empezar, Alves solo podrá salir de
la cárcel de Brians 2 (Barcelona), donde permanece desde hace 14 meses, si abona
una fianza de un millón de euros. Los magistrados consideran que “persiste
cierto riesgo de fuga” y por eso le han impuesto, además, medidas cautelares
para evitar que se marche de España mientras se resuelven los recursos
interpuestos por todas las partes (Fiscalía, acusación y defensa) contra la
sentencia.
Para el caso de que abone la fianza de un millón y salga en libertad, los
magistrados ordenan la retirada de los dos pasaportes (español y brasileño) de
Alves, la prohibición de abandonar territorio español y la obligación de
comparecer, una vez por semana, ante la Audiencia de Barcelona. Para proteger a
la víctima, además, los jueces le prohíben acercarse a menos de un kilómetro o
comunicarse con ella. La decisión contiene el voto particular, discrepante, de
uno de los tres magistrados, partidario de mantener la situación de prisión
preventiva de Alves.
La resolución llega apenas un día después de que se celebrara la vista en la
que la defensa del jugador pidió su puesta en libertad provisional con el
argumento de que ya ha cumplido una cuarta parte de la pena y de que no piensa
marcharse. “Creo en la justicia, no huiré”, dijo el lateral brasileño en su
declaración a través de videoconferencia desde Brians 2. La Fiscalía y la
acusación particular se opusieron a la medida con el argumento de que dispone de
medios económicos para huir. La defensa argumentó, en cambio, que tiene
domicilio y arraigo en Barcelona.
En España, la prisión provisional solo puede imponerse por tres motivos:
riesgo de reiteración delictiva, riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de
fuga. Este último es el que había justificado, desde el inicio de la
investigación, la necesidad de mantener a Alves en prisión: por su capacidad
económica, por tener también pasaporte brasileño —país que no suele extraditar a
sus nacionales— y por la previsión de una pena elevada por el delito de agresión
sexual, el acusado podría haber tenido la tentación de huir.
El 20 de enero de 2023, la jueza de instrucción de Barcelona que investigó el
caso ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza tras escucharlo en una
declaración caótica, en la que incurrió en numerosas contradicciones. El
futbolista dio hasta tres versiones distintas de lo ocurrido en los lavabos de
un reservado de la discoteca Sutton: primero dijo que no conocía a la víctima,
de 23 años; después, que la vio pero no pasó nada entre ellos y finalmente, que
la chica le practicó una felación. No fue hasta tres meses más tarde, en uno de
sus fracasados intentos de salir de prisión antes del juicio, cuando asumió (así
lo indicaban todos los indicios de la investigación) que había habido
penetración. Afirmó, no obstante, que se trató de una relación sexual
consentida.
Empadronado en Barcelona Alves, sin embargo, no logró quedar en libertad
por riesgo de fuga antes del juicio (por la petición de elevadas penas de
cárcel: 9 de la Fiscalía, 12 de la víctima) ni tampoco inmediatamente después.
En la sentencia dictada el 22 de febrero, la Audiencia de Barcelona ordenó que
el jugador permaneciera entre rejas, pero se comprometió a revisar su situación
personal una vez presentados los recursos. En el auto de prisión eludible bajo
fianza dictado este miércoles, los magistrados analizan si, para asegurar la
presencia del exjugador azulgrana hasta el final del proceso penal, es necesario
mantener la prisión o esta puede sustituirse por otras medidas menos
gravosas.
Por mayoría (2 a 1), los magistrados concluyen que el riesgo de fuga “se ha
aminorado” y que, aunque existe, “puede ser contrarrestado con otras medidas”.
Recuerdan, de entrada, que la pena impuesta por ahora es de cuatro años y medio
de cárcel y que Alves ya ha cumplido “14 meses de forma preventiva”. Esa
situación se podría prorrogar, como mucho, hasta la mitad de la pena impuesta,
“periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia”,
dado que primero va a ser examinada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) y más tarde, casi con seguridad porque alguna de las partes no
quedará conforme, por el Tribunal Supremo.
La resolución asume que Alves tiene “un fuerte arraigo en Brasil”, su país de
origen y donde vive gran parte de su familia, incluidos sus dos hijos. Pero
subraya que los lazos del futbolista con el extranjero, especialmente los
empresariales, se han ido rompiendo: el club en el que militaba, el Pumas de
México, rescindió unilateralmente su contrato cuando ingresó en prisión
provisional; lo mismo ocurrió con “otros tantos contratos de patrocinio y
publicidad a los que el procesado prestaba su imagen”, una “fuente de ingresos
de la que en este momento se ha visto privado”.
Los magistrados subrayan que el jugador “está empadronado en Barcelona”
(posee una vivienda en Esplugues de Llobregat) y valoran el hecho de que, en
enero de 2023, se desplazara voluntariamente a España cuando tuvo conocimiento
de que se lo acusaba de agresión sexual. En la vista del martes, además,
“expresó su firme propósito de permanecer en todo momento a disposición del
tribunal”.
Para fijar la fianza, los magistrados tienen en cuenta que Alves ha tenido
una “dilatada carrera futbolística como figura de élite mundial”, que le ha
permitido obtener “elevadas sumas de dinero”. Aunque sus fuentes principales de
ingreso “hayan desaparecido”, y aunque se desconoce cuál es su patrimonio real
en estos momentos, los magistrados presumen que disfruta de “una situación de
holgada solvencia económica”. Y recuerdan que, como admitió la defensa, está
pendiente de percibir 1,2 millones de euros en un litigio que mantenía con la
Agencia Tributaria.
El voto discrepante La sentencia contiene un voto particular del
magistrado Luis Belestá, partidario de prorrogar la situación de prisión
provisional. En su opinión, los argumentos que llevaron a acordar esa medida “no
solamente se han confirmado, sino que se han reforzado” tras la sentencia
condenatoria, cuya pena puede verse aumentada si prosperan los recursos de la
Fiscalía y de la acusación particular. El hecho de que la pena haya quedado en
cuatro años y medio (al aplicarse la atenuante de reparación del daño) “no
permite tener por conjurado el riesgo de fuga”.
El magistrado recuerda que “todas las secciones” penales de la Audiencia de
Barcelona “han ratificado decisiones de prorrogar la prisión provisional” en ese
supuesto “incluso de penas inferiores” a la impuesta a Alves. El “horizonte
punitivo” del jugador no ha variado, puesto que la Fiscalía sigue pidiendo nueve
años de cárcel para él. Belestá recuerda que “en casos sobradamente conocidos” y
del mismo tipo (o sea, agresiones sexuales), “se han visto incrementadas las
penas impuestas en primera instancia”. “Ante dicha posibilidad, existe el riesgo
más que fundado de que el acusado pueda decidir abandonar nuestro país
sustrayéndose a la acción de la justicia, más cuando el tribunal no ha aceptado
su versión de los hechos”. El magistrado concluye que el “círculo de amistades”
influyentes y con gran capacidad económica de Alves podría ayudarlo, en un
momento dado, a abandonar España.