Dina Boluarte ha decidido pasar a la confrontación con la designación de
Gustavo Adrianzén como Presidente del Consejo de Ministros, quien tiene
diferencias irreconciliables con el Partido Aprista por haber sido un activista
contra el asilo de Alan García en Uruguay. También tiene un frente abierto con
los defensores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por su actuación
como representante en la OEA.
Para completar la trilogía de los opositores al ex ministro de Justicia del
gobierno “humalista” están los que apuestan por la independencia de la
Procuraduría General de la República, de donde –durante su gestión– destituyó a
la procuradora Julia Príncipe, bajo el argumento de inconducta funcional, en un
momento que estaba en desarrollo la investigación por el “caso agendas” a Nadine
Heredia.
Los que gustan de su estilo recuerdan la defensa que hizo en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), del gobierno de Dina Boluarte
por las muertes en los actos de protesta ocurridos entre diciembre del 2022 y
febrero del 2023, asimismo por su intervención, en la misma Corte IDH, a favor
de los Comandos Chavín de Huantar.
La tarea que le corresponde en el Premierato es la de componedor en diversos
frentes: en el interior del Ejecutivo, donde la existencia de cuota de poder de
Nicanor Boluarte es una realidad; en el Congreso, donde el gobierno no tiene
bancada y los grupos políticos están atomizados; y con los actores sociales que
se oponen a las industrias extractivas, como es el caso de los proyectos Tía
María y Conga, que el voluntarista ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se
ha enfrascado en sacar adelante.
El contexto no es nada favorable, tanto la presidenta Dina Boluarte y el
Congreso tienen apenas un dígito de aprobación. El descontento ciudadano es alto
y el gobierno es frágil, y no puede soportar enfrentamientos con algarada
callejera con más muertos de los 60 ya habidos en tan solo 15 meses de gestión.
Al interior del gabinete que preside el señor Adrianzén hay cuotas que deja
Alberto Otárola, y las que pertenecen al hermano de la presidenta. Hemos visto
desde un inicio que la confrontación entre bandos se exhibe cada domingo en los
medios de comunicación y eso no va a cambiar. Gestionar un Consejo de Ministros
en este escenario requiere tolerancia y habilidad para consensuar con las
partes.
En el Congreso, el “fujimorismo” y el “acuñismo”, aliados del gobierno, así
como las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, lo van a apoyar, pero eso
no hace ni la mayoría simple de los votos. Va tener que negociar con el resto de
bancadas, por potenciales interpelaciones que pueden devenir en censuras, la
aprobación de iniciativas legislativas del Ejecutivo y detener propuestas del
Legislativo que pueden afectar la alicaída economía.
El mayor riesgo que va a correr es en el intento de sacar adelante proyectos
mineros como Tía María y Conga. Si no hay una estrategia para superar la
resistencia opositora se corre el riesgo de confrontación con costos de vida.
Debe recordar que el entusiasmo del gobierno de Ollanta Humala por cumplir con
su aserto “Conga sí va” llevó a la dimisión de los primeros ministros Salomón
Lerner y Oscar Valdés en menos de un año.
La economía no es tema de su conocimiento y aquí va tener que dejar que el
ministro José Arista haga lo suyo; no solo en el predio del jirón Junín, sino
también en el Fonafe, donde el primer ministro participa pero no preside, y
donde se decide la conformación los directorios de 35 empresas públicas más
EsSalud. No me imagino al señor Adrianzén de mero espectador en este ámbito, y
aquí hay terreno fértil para enfrentamiento por cuotas de poder.
Si el novísimo capitoste del Consejo de Ministros no controla sus ímpetus le
auguro un paso efímero en el cargo. Más aún cuando, con todo derecho, la
comunidad aprista que no tiene bancada, pero sí presencia mediática, con todo
derecho lo enfrentará sin tregua desde el primer día.