IPE: Retrasos de proyectos mineros impidieron que 1.7 millones de personas salgan de la pobreza.
El Instituto
Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “¿Qué estamos perdiendo como
país? El impacto económico de los conflictos sociales y la
tramitología en la minería”. La investigación permitió
estimar el perjuicio sobre la economía, la recaudación fiscal y la generación de
empleo debido a: (i) la no ejecución de los proyectos retrasados por razones
ajenas a las empresas entre 2008 y 2022, (ii) la conflictividad social durante
2021-2023 y (iii) los retrasos motivados por la tramitología sobre un proyecto
minero modelo representativo.
En primer lugar,
se estima que el costo de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos
mineros retrasados por razones ajenas a las empresas, significó pérdidas de S/
698 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación
fiscal. Además, se evitó la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la
fase de producción y de hasta 125 mil empleos anuales durante la fase de
inversión minera. La puesta en marcha de estos proyectos habría permitido
aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3.9% a 4.7% en el
periodo entre 2008 y 2022. Con ello, 1.7 millones de personas adicionales
habrían salido de la pobreza hacia 2022.
En segundo
lugar, el estudio revela que la conflictividad social entre 2021 e inicios de
2023 obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones,
ocasionando pérdidas de S/ 7,000 millones en términos de menor PBI. Con ello, el
ritmo de crecimiento económico fue 1.1 puntos porcentuales menor. Además, la
recaudación fiscal podría haber aumentado en S/ 1,800 millones, equivalente al
5.2% del total recaudado en el sector minero durante dicho
periodo.
Finalmente, se
evaluó el costo de los retrasos asociados a la tramitología administrativa que
enfrentan los proyectos mineros. Se identificó que los principales cuellos de
botella están relacionados a los instrumentos de gestión ambiental y el proceso
de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena
productiva. Se estima que las demoras por la tramitología pueden extender el
cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6-7 años, más del doble
del tiempo normativo de 2-3 años. En promedio, el retraso de cuatro años para un
proyecto minero representativo del sector puede generar pérdidas para la
economía por S/ 12,044 millones y de ingresos fiscales por S/ 2,066 millones.
Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7,400
empleos por año durante la etapa de producción.
Ante este
panorama, es urgente implementar políticas coordinadas que enfrenten las causas
subyacentes de la conflictividad social y la tramitología. Abordar estos
problemas de manera efectiva es fundamental para fomentar un entorno empresarial
más competitivo que permita aprovechar el enorme potencial del sector minero en
el Perú para generar empleo y mayores recursos fiscales, permitir crecimiento
económico y reducir la pobreza.
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