Al borde de un ataque de nervios fiscal, por Augusto Álvarez Rodrich
La anulación ordenada por el Poder Judicial de la acusación a Pedro Pablo
Kuczynski por no respetar los derechos de la defensa es un grave revés de la
fiscalía Lava Jato que desnuda el problema de investigaciones que ya llevan
siete años sin que produzcan una sentencia.
Esta columna señaló la semana pasada que, como después de seis años, el
fiscal José D. Pérez no encontró pruebas de colusión contra Kuczynski, lo acusó
de lavado de activos y de organización criminal solo con el fin de pedir 35 años
de prisión. Los US$12,2 millones que el fiscal afirma que PPK ‘lavó’ resultan de
la suma de los ingresos declarados por él en una década provenientes del sector
privado incluyendo honorarios y directorios. Pidió, también, 22 años de prisión
para su secretaria que tenía firma en la cuenta donde tales ingresos se
depositaron, y 11 años de prisión para el chofer encargado de hacer compras para
el funcionamiento de sus casas.
La fiscalía ha tratado de camuflar su ineptitud con un figuretismo arrogante
que llega hasta la amenaza a quienes, desde distintos ámbitos, alerten del
embrollo, como con el juez supremo César San Martín. El de PPK es,
lamentablemente, uno de muchos atropellos, como con los economistas Miguel
Castilla o Alberto Pasco-Font.
La fiscalía Lava Jato produjo la ilusión de que se hiciera justicia en uno de
los procesos de corrupción más graves del país. Por ello, generaron un sólido
respaldo de muchos —como esta columna— cuando los quisieron destituir.
Pero siete años después, sus resultados son frustrantes, con escasas
acusaciones, sin condenas relevantes, y un alud de arbitrariedades con prisiones
preventivas y medidas que han dañado profundamente a un gran número de personas,
al incluir en las investigaciones a gente inocente solo porque tiraban la red a
ver qué pasaba.
En el camino contaron, penosamente, con un sector de periodismo al que
volvieron notario de lo que diga la fiscalía, adicto a sus ‘primicias’ y útil
hasta para justificar sus atropellos.
En el caso de PPK, como en el de varios, se revela ensañamiento, mala fe y
abuso de poder, lo cual puede constituir prevaricato, y explicar que algunos
fiscales evidencien, desde hace tiempo, estar al borde de un ataque de
nervios.
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