En los últimos días el país fue mudo espectador por la inesperada decisión del Poder Judicial de dictar detención preventiva contra 12 oficiales del Ejército, por supuestos excesos cometidos durante el operativo de rescate "Chavín de Huántar".
La primera reacción enérgica y firme a la medida fue expuesta por el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, que calificó como "inaceptable" y una "barbaridad" la resolución adoptada por la jueza, Cecilia Pollack.
Pero, una semana después frente a la abierta injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, el Presidente de la República, Alejandro Toledo en entrevista en España revela que el 75% de los jueces siguen ligados al fujimontesinismo.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Oscar Alfaro Alvarez sale timidamente en defensa de los fueros, pero ratificando su apoyo a la labor de los magistrados en el caso "Chavín de Huántar".
Una semana después, el ministro de Justicia, Fernando Olivera, finalmente pidió a través de un exhorto al Ministerio Público tramitar el cambio de detención por comparecencia contra dichos oficiales del Ejército.
En medio de rumores de renuncia de los Procuradores especiales en el caso Montesinos por falta de apoyo a sus tareas en el caso "Chavín de Huántar", el ministro reiteró su respaldo a la labor de los abogados del Estado.
En un clima de confusión y de marchas y contramarchas en el caso de los oficiales del Ejército, el prófugo ex Presidente Alberto Fujimori, observa desde el Sol Nasciente los problemas de la debilidad institucional del país.