Los trabajadores del Perú han festejado este 1 de mayo con mucha angustia y
cierto escepticismo: desconsuelo porque la inflación nacional, salvo en Lima,
bordea los dos dígitos licuando los ingresos postpandemia, cuyo promedio ha
caído en -26%, e incredulidad con el gobierno de Pedro Castillo, cuya gestión
sólo ofrece incapacidad y corrupción.
En este homenaje global a los mártires de Chicago que lucharon por la jornada
de ocho horas (1889), el Perú del 2022 sólo puede exhibir un magro aumento del
sueldo mínimo a S/ 1,025 mensuales a partir de mayo (3/4/22), menor en -15% en
términos reales al aumento (1/4/2018) que realizara PPK (BCR) y de yapa, un
decreto supremo que prohíbe la tercerización laboral en actividades “nucleares”
de las empresas, aplicable a un periodo que exceda los 52 días (dos meses),
luego de los cuales se les incorporaría en planilla, norma que por cierto ha
puesto de vuelta y media a 900 empresas que representan un universo de 105,000
trabajadores, que barajan cambiar de rubro.
Y, para mostrar alguna empatía con el “proletariado”, el profesor Castillo ha
publicado el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo (13/4/22), que aumenta la
rigidez laboral al plantear la eliminación de los contratos temporales que
superen los dos años, texto que debe debatirse en el Consejo Nacional de
Trabajo: conformado por el Ejecutivo, gremios (Confiep, SNI) y sindicatos (CGTP,
CTP), antes de ser presentado al Congreso.
El experto Miguel Jaramillo indica: “hay 2.5 millones de trabajadores que
tienen contrato temporal, de ellos, 2/3 partes tienen contratos temporales por
más de dos años ¿qué van a hacer las empresas? Ahí tienen, 1.5 millones de
trabajadores afectados por la norma, porque con mucha suerte 1/3 pasarán a
contrato por tiempo indeterminado, mientras que tendrás un millón de nuevos
trabajadores informales” (29/4/22). Para Pablo Lavado de la Universidad del
Pacífico: “con este Código de Trabajo la informalidad podría aumentar entre 5% y
8%” mientras que Mónica Pizarro del Estudio Echecopar sostiene: “es una norma
con más derechos para menos personas”.
Pero la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con una dura carta a la
ministra de Trabajo Betssy Chávez, le ha colocado la cola al burro, exigiendo
explicaciones por la norma que prohíbe la tercerización laboral, así como por el
aumento del sueldo mínimo y el anteproyecto de Código de Trabajo (27/4/22), a
raíz que la Confiep y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) se han
quejado denunciando una “ausencia de consultas”.
Advierte la misiva: “las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores deben ser consultadas de manera efectiva en el proceso de adopción
de instrumentos legislativos o reglamentarios susceptibles de afectar los
intereses de sus miembros”, agregando en particular sobre el aumento del sueldo
mínimo: “en virtud del artículo 3 del Convenio sobre los métodos para la
fijación de salarios mínimos… Este debe ser consultado con los representantes de
los empleadores y trabajadores interesados”.
En el total nacional, de los tres millones de empleos adecuados (“aquellos en
que se trabaja 35 o más horas semanales y se recibe ingresos por encima del
ingreso mínimo”), que se perdieron en la pandemia, dos millones captó el sector
informal con “cachuelos” de subsistencia mientras el otro millón siguen pateando
latas, a los que se suman -en su gran mayoría- los 740 mil jóvenes que se han
incorporado a la PEA en los últimos tres años.