SNMP denuncia acciones de hostilización y toma de unidades productivas de PetroPerú en Loreto
Las constantes incursiones violentas en diferentes instalaciones estratégicas
de la industria hidrocarburífera no cesan, pues unidades operativas de la
empresa PetroPerú son objeto de ataques y acciones de hostigamiento en la
región Loreto.
Así lo denunció la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
tras señalar que desde miércoles 15 de setiembre, la Estación 1 de Petroperú,
ubicada en la región Loreto, ha suspendido sus operaciones porque pobladores de
la comunidad de Saramurillo impiden las labores de carga y descarga de
combustible.
“Desde la primera semana de setiembre, la Estación 1 de Petroperú venía
siendo objeto de hostigamiento por parte de integrantes de la comunidad de
Saramurillo quienes exigen la atención de una serie de demandas por parte del
Estado, tema que no tiene vinculación alguna con la empresa petrolera, la cual
está cumpliendo con los compromisos sociales asumidos con las comunidades de la
zona”, explicó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.
El representante del gremio minero energético advirtió que no estamos frente
a un hecho aislado, ya que grupos organizados de la provincia del Datem del
Marañón, vienen amenazando con tomar, en las próximas horas, otras
instalaciones de la petrolera estatal, como la Estación 5, Estación Andoas y
Morona.
Como se recuerda, semanas atrás la empresa Petrotal que opera el Lote 95,
también tuvo que detener sus operaciones ante las amenazas y actos de violencia
registrados en Bretaña, por demandas no relacionadas a sus actividades. Tras
estos violentos y lamentables sucesos, la empresa aún no puede retomar sus
operaciones.
“Estas amenazas son inaceptables y merecen nuestro rechazo, más aún cuando la
denominada plataforma de lucha de estos grupos, va en contra del plan de cierre
de brechas que ha diseñado el gobierno con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de la población de la región”, comentó.
Ante esta grave situación y por la falta de garantías, citó que Petroperú se
vio obligada a evacuar a todos los trabajadores de las Estaciones del Ramal
Norte (Andoas y Morona), así como de la Estación 5 del Oleoducto
Norperuano.
“Estas medidas de fuerza han provocado la paralización de las operaciones del
Oleoducto Norperuano, lo que generará grandes pérdidas para la empresa estatal,
la industria hidrocarburífera peruana, así como para el Estado”, expresó De la
Flor.
Lamentablemente los ataques a diferentes unidades productivas del sector
hidrocarburos -subrayó- se han convertido en un mecanismo para presionar y
chantajear al Estado peruano, sin que hasta la fecha se haga prevalecer el
Estado de Derecho y las leyes.
“Estas acciones delictivas persisten porque se les permite a sus autores
actuar con impunidad. Así, el año pasado se registraron más de tres ocupaciones
ilegales de la Estación 1, sin que hasta la fecha se haya identificado y
sancionado a los responsables”, remarcó.
Asimismo, exhortó al Gobierno para que intervenga a la brevedad, a fin de que
al amparo de la ley se proceda a restablecer el orden y se de las garantías
para que estas importantes unidades petroleras, que forman parte del activo
critico nacional, puedan seguir operando.
De otro lado, Pablo de la Flor, expresó que el sector hidrocarburífero
nacional afronta una de las peores crisis de su historia, pues en la actualidad
apenas se están produciendo 21,000 barriles por día, cuando hasta diciembre del
2019 se alcanzaban los 62,000 barriles por día.
“La producción en la Selva Norte se encuentra totalmente detenida como
consecuencia de la conflictividad social y la pandemia que afectan al país. Por
esta coyuntura, las inversiones en exploración se han desplomado de 70 millones
de dólares a sólo US$ 4 millones al mes”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que el gremio minero energético expresa su condena y
rechazo ante cualquier acto de violencia que atenta contra la propiedad pública
y privada; y que pone en peligro los esfuerzos por reactivar la economía
nacional.