Remarcan desafío del Poder Judicial para mejorar acceso a información de personas con discapacidad
En curso virtual para comunicadores e informáticos sobre uso
de TIC’s en beneficio de esta población vulnerable.
El Poder Judicial tiene un gran desafío en el contexto de la
pandemia por el COVID-19 para mejorar la accesibilidad de la información para
todos, pero sobre todo el de las personas con discapacidad.
Así lo sostuvo la magistrada Maruja Hermoza, integrante de la
Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y
Justicia en tu Comunidad, durante el curso virtual “Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) para el Acceso a la Justicia de las Personas
con Discapacidad”.
“Si antes (las personas con discapacidad) tenían dificultades o
barreras del entorno cuando acudían a los servicios de transporte, salud,
educación, justicia, cultura o recreación, con las medidas de reactivación la
brecha podría aumentar”, señaló.
El curso virtual, dirigido a personal de las áreas de imagen
institucional e informática de las cortes superiores del país, tiene como
finalidad sensibilizar acerca de la importancia de la implementación de
programas y sistemas accesibles para personas con discapacidad.
También promover el respeto y reconocimiento de sus derechos en
igualdad de condiciones con los demás, aproximando a los participantes al uso de
herramientas tecnológicas y criterios comunicacionales.
Hermoza Castro sostuvo que el Poder Judicial aplica el
Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad que magistrados y
servidores judiciales deben cumplir para garantizar el acceso a la justicia de
la referida población en vulnerabilidad.
Recordó que este protocolo dispone el uso de tecnologías al
servicio de las personas con discapacidad para garantizar una adecuada
información y comunicación, así como un sistema de alerta sobre su condición,
tal como ocurre con los adultos mayores.
Sostuvo también que el documento dispone habilitar espacios de
espera para visualizar y explicar con subtítulos o lenguajes de señas su
atención, así como el uso de aplicaciones informáticas (app), según la
discapacidad, para saber el estado del proceso.
A su turno, la representante de la Defensoría del Pueblo,
Graciela Oroche, señaló que, según el Censo de 2017, en el país hay 3 millones
209 mil 263 personas con discapacidad (10,3% de la población total), de las
cuales el 56,7% son mujeres y 43,3% varones.
Indicó además que los resultados de la Encuesta Nacional de
Hogares 2017, muestran que el 22,8% de la población con discapacidad está en
condición de pobreza.
Esta población enfrenta, además, barreras sociales debido a
estigmas y prejuicios, así como barreras económicas (pobreza, desempleo,
analfabetismo, condiciones de salud precarias, desnutrición, falta de
oportunidades, etc.).
Por su parte, la especialista del Consejo Nacional para la
integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Vilma Andrade, recordó que
la Ley N° 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad), establece que las
instituciones públicas deben utilizar sistemas de comunicación como el Braille,
subtitular imágenes, lenguaje de señas, comunicación táctil, macrotipos, entre
otros.
Asimismo, el también especialista del Conadis, César Rosales,
especificó que la Ley N° 29535 (Ley que Otorga Reconocimiento Oficial a la
Lengua de Señas Peruana), señala que las entidades públicas o privadas están
obligadas a proveer el servicio de intérpretes para personas con discapacidad
auditiva.
Cabe resaltar que este evento es efectuado en coorganización
con la Defensoría del Pueblo, el Conadis, la subgerencia de Capacitación de la
Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia General del Poder Judicial y la
Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP.
La capacitación, programada en dos sesiones virtuales,
continuará mañana miércoles 26 de agosto de 2020, a través de la plataforma web
del Aula Virtual del Poder Judicial.