¿Líneas 3 y 4 serán obras públicas o concesiones? por César Gutiérrez
La infraestructura de transporte es intensiva en uso de
capital, de allí que la decisión estatal hasta la fecha ha sido concesionarla
con un cofinanciamiento utilizando fondos públicos, de manera que el
concesionario pueda recuperar su inversión por el cobro del servicio, sin que el
costo para el usuario resulte oneroso.
En cartera están hace bastante tiempo las líneas 3 y 4 del
Metro de Lima y Callao, y con el avance que se tiene a la fecha que es a nivel
de prefactibilidad, se estima una inversión de 5,000 millones de dólares (MMUS$)
cada una. Bajo el esquema seguido hasta ahora habría un cofinanciamiento del
orden del 30%, es decir que en total el Estado aportaría 3,000 MMUS$.
En este orden de ideas ha generado desconcierto el anuncio de
Martín Vizcarra en su mensaje a la nación, afirmando que estas obras se harán de
gobierno a gobierno (G2G). Se presentarían tres posibilidades: 1) que sea una
obra pública, con lo cual el Estado tendría que invertir 10,000 MMUS$; 2) que
sea obra pública la infraestructura para luego concesionar el servicio, y 3) que
sea una concesión con cofinanciamiento estatal.
Con el nivel de ingeniería que hay a nivel de prefactibilidad,
el margen de error en la inversión puede llegar hasta el 50%, utilizando los
parámetros actualizados a marzo del 2019, por la Association Advancement Cost
Engineering (AACE), entidad con más de 60 años de experiencia en el rubro. Esto
significa que fácilmente la inversión total podría pasar de 10 mil a 15 mil
MMUS$.
Tomar una decisión que sea diferente a la concesión con
cofinanciamiento sería exponerse a demasiado riesgo. Si la racionalidad va este
sentido, el G2G, sería para ocupar el rol de Proinversión, y habría tres cosas
por discutir: ¿se cierra Proinversión?, ¿el concedente que siempre es un
ministerio abandona el rol de gestor del contrato? y ¿quién supervisa la
corrección del proceso de otorgamiento y la modificación de montos en la
construcción dado que la Contraloría no interviene en estos casos?
El gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de
Transportes y Comunicaciones tiene la palabra. Se supone que ya tienen decisión
tomada dado el anuncio del pasado 28 de julio que debería haberse discutido en
Consejo de Ministros.