Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, con prisión domiciliaria por caso de compra de testigos
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de
Colombia, ordenó la prisión domiciliaria contra el expresidente y actual senador
de Colombia, Álvaro Uribe, por supuestamente intentar modificar el testimonio
del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien declaró que el exmandatario
estuvo detrás del origen del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia.
Ante la Corte Suprema de Justicia y a través de su defensa,
encabezada por el abogado Jaime Granados, Uribe ha dicho que no se cumplen los
requisitos para ordenar esta "medida de aseguramiento" como la llaman en
Colombia. Uribe le pidió al alto tribunal que, si ordenaba una medida de este
tipo, no fuera restrictiva de su libertad.
A continuación, reproducimos lo publicado por Noticias Caracol
TV.
"El proceso por el que es investigado el ahora senador Uribe
Vélez inició en 2012, cuando el expresidente denunció al congresista Iván Cepeda
por supuestamente pedir a exparamilitares testificar en su contra a cambio de
beneficios.
En 2018, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia archivó esta
investigación contra Cepeda y abrió indagación al exmandatario por presunta
manipulación de testigos.
¿La razón? Hubo sospechas de que las cosas fueron al contrario,
que con sobornos, aparentemente, se buscó enlodar a Cepeda. Así las cosas, el
congresista del Polo Democrático pasó de ser acusado a convertirse en víctima.
Por tal proceso, Uribe Vélez acudió a indagatoria el 8 de octubre de 2019. Allí
negó cualquier responsabilidad.
El abogado Cadena
Una de las fichas claves del proceso es el abogado Diego
Cadena, quien trabajó para Uribe Vélez y es señalado de dar dinero a testigos
para que declararan en contra de Iván Cepeda.
Como parte de esta investigación, la Corte Suprema ha analizado
27.000 horas de grabación y escuchado a 43 testigos, entre ellos a cinco exjefes
paramilitares.
Uno de ellos, Carlos Enrique Vélez -alias ‘Víctor’-, afirmó que
Cadena lo visitó en la cárcel de Riosucio, Caldas, para ofrecerle dinero a
cambio de que diera versiones favorables al expresidente.
Frente a este señalamiento, el abogado asegura que el dinero
entregado al exparamilitar tenía fines humanitarios y en ningún caso fue un
soborno para comprar testimonios.
Según la Fiscalía General, Cadena ofreció $200 millones (US$
111,420 en esa época) para conseguir declaraciones falsas. De estos, dice
el ente investigador, $48 millones (US$ 26,740 aproximadamente) llegaron a manos
de Carlos Enrique Vélez.
“Manifiestan los ciudadanos que el doctor Cadena se presentó a
los establecimientos penitenciarios ya con documentos realizados con su membrete
y que lo único que solicitaba era la firma de los mismos”, apuntó la
Fiscalía.
El abogado Juan José Salazar, socio de Cadena, también resultó
salpicado por supuestamente ayudar en los contactos con los presidiarios.
En medio de todas las pruebas que analiza la Corte Suprema de
Justicia, Jaime Granador, abogado de Álvaro Uribe, sostiene que, “frente a lo
que se ha hecho público en el caso del abogado Diego Cadena, ha quedado claro
que en nada el presidente tuvo conocimiento de lo que a él se le imputado, ni lo
autorizó, en consecuencia”.
Es decir, según el exjefe de Estado, Cadena actuó de manera
independiente y sin consultarle los movimientos que hacía con los
exparamilitares".