Reconocidos tributaristas y constitucionalistas coinciden en señalar que el Congreso de la República debe aprobar por insistencia la autógrafa de ley que modifica la Ley 31557, sobre la explotación de juegos y apuestas deportivas a distancia, y la Ley 30096, de delitos informáticos, incorporando a las personas naturales con negocio y tipificando como delito la manipulación de resultados deportivos.

“El nuevo marco legal solucionaría problemas de fondo y evitaría que las casas de apuestas recurran al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional para cuestionar el cobro de impuestos. El Decreto Legislativo 1644, emitido por el MEF, fue mal concebido”, advirtió Carlos Mesías, abogado y exmiembro del Tribunal Constitucional.

Mesías explicó que la observación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) favorece a las casas de apuestas y juegos a distancia que buscan evadir el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Con esta decisión, dichas empresas quedan habilitadas a presentar recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad, tal como ocurrió en el pasado con los tragamonedas. Si estos procesos resultan favorables para las casas de apuestas, el Tribunal Constitucional podría ordenar al Estado la devolución de millones de soles ya recaudados, generando un grave perjuicio para el erario nacional.

Por su parte, el tributarista José Verona señaló que otro aspecto central es que esta ley incorpora expresamente a las apuestas deportivas y juegos en línea como operaciones gravadas en la Ley General del IGV e ISC. Hoy, al no estar incluidas, el cobro de impuestos carece de sustento legal.

Un problema de fondo: el ISC sobre el mismo dinero

Verona explicó que la actual regulación del ISC genera un despropósito: el impuesto se aplica sobre todas las apuestas realizadas y no sobre el dinero realmente utilizado por el jugador. Es decir, si un usuario deposita en su cuenta y gana una apuesta, ese mismo saldo puede volver a apostarse, pero cada jugada vuelve a ser gravada como si se tratara de dinero nuevo.

En la práctica, el fisco termina cobrando varias veces impuesto sobre el mismo monto, lo que eleva artificialmente la carga tributaria hasta niveles insostenibles. A ello se suma que el ISC también grava los bonos y promociones, es decir, montos virtuales que nunca ingresan a la caja de los operadores, lo que genera un escenario aún más distorsionado.

Este error no solo encarece la operación formal y atenta contra la competitividad, sino que además podría convertirse en motivo de nuevas acciones legales de las casas de apuestas.

Mientras tanto, los operadores ilegales —que no tienen ninguna carga tributaria— pueden ofrecer mejores cuotas (precios), promociones y bonos a los usuarios, atrayendo a quienes hoy participan en plataformas reguladas. El resultado sería una pérdida superior a 100 millones de soles anuales en recaudación para el Estado, además de un retroceso en el proceso de formalización del sector.

Es por ello que esta iniciativa, aprobada con más de 100 votos en el Congreso, busca alinear la base imponible del ISC con la que ya rige para el impuesto al juego y así asegurar una recaudación sostenible y justa de ambos tributos.

Impacto en bodegueros y competencia

Según la Asociación de Bodegueros del Perú, solo entre enero y julio de 2024 se registraron 9,823 denuncias de extorsión, lo que equivale a 1,400 bodegas atacadas cada mes. Ante este escenario, resulta inexplicable la resistencia del MEF, que con su observación termina defendiendo un esquema monopólico donde únicamente las empresas de un grupo financiero pueden ser puntos de venta.

Finalmente, cabe recordar que cuando en 2022 se debatió en el Congreso el impuesto al juego a las casas de apuestas, el MEF se opuso a gravar a las empresas extranjeras, poniendo en desventaja a la inversión nacional. Sin embargo, en 2023 el Congreso tuvo la sensatez de aprobar la iniciativa presentada por la congresista Leidy Camones, lo que permitió al Estado recaudar más de 60 millones de soles hasta la fecha.