El reportaje que muestra al presidente José Jerí reuniéndose con el empresario chino Zhihua Yang, más conocido como Johnny, sigue dando que hablar. Al respecto, en este portal escribimos que la reunión pudo tratarse sobre la concesión de la central hidroeléctrica Pachachaca 2 de la empresa Hidroeléctrica América SAC, cuya construcción está paralizada, a pesar que debe entrar en operación el próximo 1º de mayo, por lo que podría perder la concesión (ver aquí).

Un reportaje de Eloy Marchán en la revista Hildebrandt en sus Trece (16/1/25), señala que antes de la reunión, tanto Jerí como Johnny Yang estaban pendientes del proceso de compra de la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ) 8,000 cámaras de vigilancia para buses de transporte público.

El reportaje detalla que el 1º de noviembre, el presidente Jerí nombró a David Hernández Salazar como jefe de la ATU, quien había dejado el cargo apenas tres meses antes, tras una denuncia de la Contraloría General de la República sobre que Hernández había permitido un pago ilegal de S/ 13 millones al Consorcio Arqcivil, contratista de las obras auxiliares de la Línea 2 del Metro de Lima.

Una de las empresas más destacadas de Johnny Yang es América Capón, la empresa dueña de las tiendas Market Capón, que vende productos de Asia: sake de Japón, Pepperos de Corea del Sur, Sriracha de Tailanda, etc. Pero el reportaje de Hildebrandt señala que América Capón ha realizado 200 importaciones de fibra óptica, lentes, binoculares, cámaras de seguridad, proyecciones, drones y equipos fotográficos. También informa que Yang y el congresista Cordero Jon Tay (antes de Fuerza Popular, hoy de Somos Perú) se conocen hace 20 años y ambos, el 2016 fundaron la Cámara Perú Asia Pacífico de Producción, Industria, Comercio, Turismo y Medio Ambiente, que operaba en el piso 8 del edificio de la Avenida San Luis 1950, construido por Yang, donde está la sede de varias empresas de Yang y se ubica el restaurante Xin Yan donde se reunieron Jerí y Yang.

El reportaje informa que Jerí le dio a la ATU la facultad de comprar las cámaras de videovigilancia, sin concurso público, y que después de la reunión, el 31 de diciembre, la ATU modificó las bases para comprar las cámaras de videovigilancia para los 8,000 buses.