La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN inició la estructuración de la Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) para construir el nuevo Hospital Militar Central, que demandará una inversión estimada en US$ 250 millones (sin IGV) y beneficiará a cerca de 300 mil militares y familias (derechohabientes).

En esta fase, PROINVERSIÓN diseñará el contrato de concesión y desarrollará el modelo económico financiero, el mecanismo de pago del contrato e identificará los riesgos que asumirán el Estado y el  operador privado, así como la parte social y ambiental.

La directora de Proyectos de PROINVERSIÓN, María Elena Fernández, explicó que todos estos componentes se incluirán en la versión inicial del contrato de concesión que será aprobado por los actores del proceso, es decir, la agencia, Ministerio de Defensa (MINDEF), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Contraloría General de la República (CGR).

Agregó que a finales de 2024 se tendrá la versión inicial del contrato y el proyecto pasaría a ser declarado de interés en el primer trimestre de 2025, el mismo comprende el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un nosocomio de última generación, considerando aspectos innovadores en la construcción, a fin de mejorar la eficiencia energética y su respeto medioambiental. 

En este caso, se concesionarán los servicios de bata verde y bata gris, incluye hemodiálisis, laboratorio clínico y esterilización, así como el mantenimiento y conservación de la edificación e instalaciones, la adquisición, mantenimiento y reposición de los equipos clínicos y no clínicos, servicio de tecnologías de la información y comunicaciones.

Igualmente se incluye la provisión y disponibilidad de infraestructura tecnológica, alimentos,  lavandería y ropería, limpieza y manejo de vectores, seguridad y vigilancia, administración de almacén y eliminación de residuos sólidos, entre otros.

El nuevo y moderno Hospital Militar Central mantendrá su ubicación en Jesús María (Av. Faustino Sánchez Carrión con Av. Brasil, Cdra. 27 y 28) y mientras duren las obras se construirá una infraestructura temporal para garantizar la continuidad en la atención de los beneficiarios.

El plazo de concesión es por 30 años (4 años diseño y construcción, 26 operación y mantenimiento) y la Asociación Público – Privada (APP) garantizará la sostenibilidad de los servicios en el marco de un contrato riguroso, supervisado y fiscalizado.