Extrañando los tiempos es que campeaba a sus anchas en el Ministerio Públioc, durante las gestiones de Pablo Sánchez, Soraida Avalos, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza, el Instituto de Defensa Legal (IDL) que fundó Gustavo «El Heróe» Gorriti y Susana Villarán entre otros y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitan de manera perentoria la elección de un nuevo fiscal supremo, que podrán ser lo mencionados para reemplazar al fiscal supremo Tomás Gávez como Fiscal dela Nación interino porque a su parecer: «no cumple con el requisito constitucional de ser y parecer independiente, sino que, por el contrario, incluso, es un actor político».

La solicitud fue presentada ante sus amigos de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público para ver si pueden recrear los viejos tiempos en que incluso una periodista de IDL Reporteros tenía una computadora en línea en la oficina del fiscal provincial José Domingo Pérez según señaló el exasesor de Pablo Sánchez y Patricia Benavides, el filosófo Jaime Villanueva.

De acuerdo a IDL -ONG que financia Soros- la designación de Gálvez habría incurrido en el supuesto de nulidad del acto administrativo, debido a que luego de su destitución, fundó partido político: condición que la sentencia del Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta y que no desaparece con la decisión de eliminar el proceso por el cual fue destituido. La Junta Nacional de Justicia tampoco tuvo en cuenta esta condición, por lo que volvió a habilitarle el título de fiscal supremo. Tal situación de hecho del abogado Tomás Gálvez es materialmente incompatible con el cargo de fiscal que, como todo operador de justicia, debe ser y parecer independiente, de acuerdo con el artículo 2, numeral 6 de la Ley de la Carrera Fiscal (N° 30483) e incompatible con la función de “velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia”, según el artículo 159 numeral 2 de la Constitución». IDL sostiene que ningún Fiscal de la Nación ha tenido pasado político. ¿Será?

Además, señalan que el Fiscal de la Nación Gálvez «ha incurrido en tres hechos graves, con los que ha violado su deber de proteger la legalidad y de respetar el ordenamiento jurídico».

El primero es la remoción del cargo a dos fiscales provisionales, las fiscales Elena Carolina Delgado (exfiscal suprema provisional) y Alejandra Cárdenas (exfiscal adjunta suprema provisional), «quienes investigando y solicitando información, respectivamente, sobre hechos de relevancia penal que lo involucran directamente», hechos estarían relacionados con el «presunto involucramiento del poder político (Luis Valdez, César Acuña, Alianza Para el Progreso), para que el abogado Tomás Gálvez sea nombrado como fiscal supremo, mediante gestiones ante ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura». Sumado que habría incumplido directamente con el estándar supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), del caso “Casa Nina vs. Perú” del 24/11/02, «al remover a dos fiscales provisionales» sin que se cumpla el escenario necesario para ello. y como tercer hecho señalan que habría interferido en la función de fiscales provisionales, las fiscales Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas. Esto afecta, explica el documento, no solo la independencia fiscal de dichas operadoras de justicia, sino que también habría generado un impacto negativo en el deber de persecución del delito del Ministerio Público.

Por todo ello, IDL exige a la Junta de Fiscales Supremos que atiendan la solicitud con carácter de urgencia. Asimismo piden que la fiscal suprema Patricia Benavides se abstenga de evaluar y votar por «conflicto de intereses» y, finalmente, que se proceda a una nueva elección para el cargo de Fiscal de la Nación interino.

«Cabe mencionar que, al estar vinculados los hechos de la presente solicitud con el caso “Cuellos Blancos”, la misma será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (seguimiento a audiencia), así como a la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de la magistratura y abogados, por la trascendencia para la independencia del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción».

Como se puede aprecias el «Heróe» Gorriti ha perdido contacto con la realidad.