Intempestivamente, la presidenta de la Corte Suprema Janet Tello, removió a la jueza Juana Caballero García, que se venía desempeñando como presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, sala que con su voto anuló el juicio del Caso Cócteles por aportes privados a las campañas electorales de Keiko Fujimori en el 2011 y el 2016.

La decisión de la titular del Poder Judicial (PJ), de alguna forma es interferir tardíamente en este proceso, para regresar a la mencionada magistrada como jueza penal titular a su juzgado de origen, en la Corte Superior de Justicia de Huaura. La suerte de los magistrados destacados en el PJ y la fiscalía, sobre todo en el Caso Lava Jato es similar, si actúan de forma independiente, los regresan a la provincia de origen.

Cabe recordar que la jueza Juana Caballero y el juez Max Vengoa, decidieron anular todo lo avanzado por el Caso Cócteles por las resoluciones del Tribunal Constitucional de los casos Arsenio Oré y José Chlimper, que pusieron en el tapete que el Víctor Zúñiga enmendó en 23 oportunidades la acusación fiscal de José Domingo Pérez, como si se tratará de un disfraz de payaso, y retrotraer lo actuado a la etapa anterior, es decir, al control de acusación, donde volverá a los predios del vocal superior César Sahuanay y el juez de control Víctor Zuñiga que fueron los que perpetraron este estropicio.

La jueza Nayko Coronado fue la única que se pronunció a favor de excluir solamente a José Chlimper del proceso y seguir juzgando al resto de los acusados, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), y seguir sentada esperando que el restos de los procesados siga obteniendo sentencias de igual sentido del TC, es decir, una costurera que prefiere coser retazo por retazo, sin rubor alguno.

El lugar de Juana Caballero García será ocupado por juez penal titular Wilmer Roy Quispe Umasi, quien fue nombrado en diciembre pasado como magistrado titular por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Tercer Juzgado no solo se avoca al caso, sino también el juicio contra el expresidente Ollanta Humala por los aportes a su campaña electoral por parte de Odebrecht y OAS.

SE ARMÓ LA PAMPA

Curiosamente, esta abrupta decisión del PJ (léase Janet Tello) se produce después que la JNJ abrió un proceso disciplinario contra la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema  del 2024 , conformada por Janet Tello Gilardi, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano, por una denuncia sobre una de sus sentencias, que habría aplicado una ley que no estaba vigente en ese momento. La República indica que el responsable solo sería el juez ponente de ese caso. Aún se desconoce los actores involucrados y los nombres de los abogados litigantes para descartar cualquier atisbo de favoritismo.

Todos los consejeros estuvieron de acuerdo en iniciar un proceso disciplinario para el esclarecimiento de los hechos. En donde se generó discrepancia, es en utilizar el proceso disciplinario inmediato que la JNJ aplicó a Patricia Benavides. El proceso inmediato se decide en 10 días. Los cinco jueces supremos tendrán que presentar sus descargos, luego de lo cual, el consejero instructor presentará una propuesta de sanción a favor o en contra de la destitución u otra sanción. Además, también se podría plantear la suspensión inmediata y urgente de los magistrados investigados. La JNJ también no descarta esta posibilidad.

Según el portal El Foco, la JNJ inició el proceso contra Tello y otros con cuatro votos a favor de siete miembros. Los que votaron a favor fueron: Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano.

De acuerdo a nuestras fuentes, solo se necesitarían cuatro votos en el JNJ para la suspensión, pero para la destitución, se necesitarían cinco votos, imposible de llegar en este JNJ. habría un cariz político en este proceso, porque los cinco magistrados que son procesados en la JNJ, son el núcleo caviar de la Corte Suprema, cuya suspensión acarrearía un vacío difícil de llenar.

Para algunos la remoción de la juez Caballero sería un intento de la presidenta del PJ para intentar politizar su caso en el JNJ, aduciendo que no existió irregularidad en la citada sentencia laboral, sino venganza por la salida de Caballero. Sin embargo, los tiempos juegan en su contra, porque la fecha de denuncia ante el JNJ es anterior.