Una oficina de Sunat supervisará las donaciones del extranjero y podrían perder personería jurídica.

El congreso aprobó con 82 votos el proyecto de ley que revisará donaciones a las ONG, adelantando el debate, porque inicialmente estaba prevista para este jueves. La supervisión de estas organizaciones estará a cargo de una nueva oficina dentro de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo que deja sin efecto la propuesta original de crear una intendencia independiente.

Además, se especifica que la oficina operará con un presupuesto dispuesto por las instituciones encargadas, lo que significa que no se necesitarán fondos adicionales ni se generará un gasto extra para el Estado.

En caso de detectarse desvío de fondos o gastos personales de los directivos, las ONGs podrán enfrentar sanciones que van desde responsabilidad civil y/o penal; multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) conforme a la escala de sanciones aprobada por la APCI; suspensión temporal de los beneficios derivados de su inscripción en registros oficiales y, en casos de reincidencia en faltas muy graves; la cancelación definitiva de su inscripción. Como medida extrema, la ley contempla la posibilidad de que un juez ordene la disolución de la ONG, sin perjuicio de otras acciones o sanciones que puedan aplicarse.

A las 6:00 p.m., el Pleno inició la discusión del proyecto de ley, pese a que la Junta de Portavoces había programado su debate para hoy. Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando, expuso el dictamen con el nuevo texto sustitutorio, el cual es el resultado de la acumulación de seis proyectos aprobados en junio pasado bajo la presidencia de Alejandro Aguinaga. En medio del debate, aceptó la propuesta del congresista Alejandro Cavero, quien presidía la sesión en ese momento, para declarar un cuarto intermedio, permitiendo que cada legislador recibiera una copia del texto sustitutorio antes de continuar con la deliberación.

La congresista Obando explicó que la Sunat había considerado “inconstitucional” la creación de una intendencia exclusiva para fiscalizar a las ONG, motivo por el cual se optó por modificar la propuesta inicial. Asimismo, enfatizó que el objetivo de la norma es evitar que las ONGs con financiamiento internacional, como IDL incurran en actividades políticas de interferencia en el país (con información de Perú 21).