El Tribunal Constitucional resolvió que antes de noviembre de 2016 no existía el delito de aportes ilícitos a las campañas electorales en la modalidad de receptación, por lo que resolvió mandar al archivo el Caso Cócteles.

El Caso Cócteles pasó a mejor vida. Y de esta manera se suman otros casos por aportes a las campañas electorales: Lourdes Flóres, APRA, Renovción Popuar-Luis Castañeda, Susana de la Puente, Julio Guzmán que se congeló desde el principio y el condenado Ollanta Humala. La sentencia señala: “el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, es una figura incorporada al ordenamiento jurídico peruano con fecha posterior a la presunta comisión de los hechos imputados (26/11/16)”. Antes de dicha fecha la receptación patrimonial no existía ni en la ley 27765, aplicable a la campaña electoral del año 2011, ni tampoco  en el Decreto Legislativo 1106 aplicable a la campaña electoral del año 2016.

Increiblemente el Equipo Especial Lava Jato atribuye  a  Keiko Fujimori: “haber recibido y tener activos de procedencia presuntamente delictiva, supuesto que desde la perspectiva de la regulación penal aparece recién previsto y penado en el Decreto Legislativo 1249 vigente desde el 26 de noviembre de 2016”. La sentencia del TC es suscrita por cinco de los siete magistrados constitucionales. A favor de Fujimori se pronunciaron Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

La sentencia cuestiona que se atribuya el delito de organización criminal: “Es por demás evidente que el acto de organizarse colectivamente para participar políticamente en el marco de un proceso electoral tampoco ni mucho menos puede ser considerado un comportamiento ilícito, al igual como el hecho de obtener un resultado favorable en tal proceso un anticipo de futuras y mal habidas prebendas económicas”.

Keiko Fujimori, acompañada de su abogada Giulliana Loza señaló: “Lamentamos que se haya utilizado la justicia para tratar de perseguir y lo continúan haciendo por eso llamo a la reflexión. En la campaña 2021 el mismo fiscal también apertura una investigación. Ahora que enfrentamos otro proceso se pidió la disolución del partido… el partido político va a evaluar si demanda a los fiscales y abogados y también los 40 acusados están en todo el derecho de hacerlo”.