El juez supremo constitucional Segismundo León, nombrado por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, el último 8 de mayo (conjuntamente con el juez supremo provisional Fidencio Cunya), sentenció son suma diligencia, la suspensión temporal en el cargo como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación de Patricia Benavides, por el plazo de 24 meses, «debido a hechos presuntamente cometidos como titular de ese organismo del Estado» a pedido de la fiscal Suprema Delia Espinoza.

La medida dispuesta por este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a pedido del Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, en agravio del Estado, difiere de recientes casos similares, en que la fiscal Espinoza acusó a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Luis Arce, donde los jueces supremos titulares Juan Carlos Checkley y Saúl Peña, en cada caso, desestimaron el pedido de la fiscalía porque se trata de funcionarios «aforados» (fiscal supremo), donde la Constitución exige, previamente, el levantamiento por parte del Congreso de su inmunidad.

Segismundo León fue uno de los jueces que recibió capacitación del IDL el año 2009 en el undécimo curso de preparación para ascensos en la carrera judicial respecto la legislación terrorista. El año 2010, el juez León otorgó el beneficio de semilibertad (libertad condicional) a Nancy Gilvonio, expareja del líder del MRTA, Néstor Cerpa Cartolini.

El magistrado integra la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM), de claro protagonismo caviar, asociación que alcanzó protagonismo este año saliendo a respaldar a la jueza Tello por la investigación abierta por una denuncia, cuando ejercía como presidenta de sala, de un ciudadano, por haber emitido una sentencia basándose en una ley derogada.

Juez Segismundo León

La solicitud de suspensión fue presentada por Delia Espinoza, tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restituir a Patricia Benavides en el máximo cargo del Ministerio Público. Disposición que provocó la rebeldía de Espinoza que se acuarteló en la sede del ministerio Público organizando una vigilia que ha duró más de un semana en las barbas de la JNJ. Espinoza solicitó una suspensión por 36 meses contra Patricia Benavides y le otorga el 66% de su pedido. Esta investigación contra la fiscal suspendida, se inició en junio de 2024, sin pedir su desafuero constitucional en su calidad de fiscal suprema.

Como se recuerda, Patricia Benavides es investigada por presuntamente haber utilizado su cargo para interferir en las investigaciones del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, caso en que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro acudían a un departamento de Martín Vizcarra, en ese entonces presidente, para coordinar las investigaciones y escoger los audios a priorizar.