Pobladores de 20 comunidades de la cuenca baja del río Tigre, en la provincia peruana de Loreto (norte), iniciaron en la noche de este domingo un paro indefinido contra la minería ilegal y la inacción del Gobierno frente a la contaminación de sus aguas y sus espacios vitales.
Más de 20 dragas de mineros ilegales operan en la zona y contaminan los cauces de agua con mercurio. El presidente de la Federación de Comunidades de la cuenca del Bajo Tigre (Feconabat), César Moreno Culqui, denunció: “Desde que amanece hasta que anochece están soltando el mercurio y nosotros consumimos esa agua. Por eso iniciamos esta lucha hasta que las autoridades se hagan presentes y expulsen a los mineros ilegales“.
Las comunidades exigen la presencia en el área del Gobierno de la presidenta de facto Dina Boluarte y que tome acciones concretas para detener la minería ilegal y, con ello, evitar los daños que el mercurio está causando a la salud humana, a la seguridad alimentaria y a los ecosistemas.
De acuerdo con medios locales, las comunidades determinaron bloquear el acceso al río Tigre, lo que afecta directamente el abastecimiento y operación de los lotes petroleros 8 y 192, ubicados en esta cuenca. También impedirán la navegación hasta que el Gobierno no retire las dragas y poner en práctica otras acciones de control territorial.
Luego de hacerse pública la intención de las comunidades de radicalizar la lucha, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) las invitó a una reunión en la ciudad de Iquitos. La Feconabat rechazó la invitación y demandó a la PCM viajar al territorio, dialogar directamente con los pueblos afectados y reunirse en la comunidad Libertad.
“La defensa de la vida y la salud es irrenunciable. No daremos un paso atrás mientras la minería ilegal siga destruyendo nuestro territorio“, expresaron a través de un pronunciamiento público en que ratificaron su disposición a resistir contra la indiferencia estatal y la minería ilegal.
Estas y otras accione fueron decididas el 15 de agosto pasado, durante una asamblea de delegados de la Feconabat. A mediados de julio, Moreno Culqui alertó que trasmitieron su preocupación a las autoridades y que radicalizarían su lucha de continuar sin respuestas.
Históricamente estas comunidades han rechazado el extractivismo, los problemas derivados de la actividad petrolera y la inacción gubernamental frente a la minería ilegal, y han reclamado que se invierta en el desarrollo de la región y que las ganancias de la minería se redistribuyan allí.
Los mineros ilegales utilizan el mercurio para procesar el oro que extraen de la Amazonía. Al ser vertido a los ríos, envenena a animales y peces y termina dañando la salud humana, con sensibles afectaciones al sistema nervioso y los riñones, así como otros daños irreversibles. Dicha sustancia no desaparece y contamina durante varias generaciones.
De acuerdo con medios locales, la expansión minera se extiende ya a 21 de las 25 regiones de Perú y amenaza 15 áreas naturales protegidas, así como comunidades nativas defensoras de los bosques.
