Si Nueva York funciona con café, Cochabamba funciona con coca. Las hojas de esta planta –que masticadas sirven como estimulante ligero, pero también pueden ser procesadas para producir cocaína– están en todas partes: puestas a secar al lado de la carretera; vendidas en bolsas, junto con dulces y tarjetas SIM; en bolos del tamaño de pelotas de golf dentro de las mejillas. “Con un bolo, puedo manejar toda la noche”, se jacta un camionero.
Bolivia es uno de los poquísimos países con un mercado legal para la coca. En el resto del mundo, es controlada con la misma rigurosidad que la cocaína y la heroína. La Convención Única sobre Estupefacientes, tratado internacional adoptado por la ONU en 1961, incluye la hoja de coca en la “Lista I” de sustancias consideradas con alto riesgo de uso abusivo y que suponen una seria amenaza a la salud pública. Hay quienes lo consideran un error histórico.
Pero pronto podría haber novedades, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) está revisando el tema, proceso que concluirá en octubre, y podría recomendar que la coca sea reubicada en la Lista II, o retirada por completo de cualquier listado. Esto último sería algo inédito y está causando esperanzas y ansiedad en la misma medida.
Las poblaciones andinas han masticado coca durante milenios. Los conquistadores españoles notaron que mantenía activos a los trabajadores en las minas de plata de Potosí, aunque lo consideraron un vicio indígena. Esa percepción persistió hasta bien entrado el siglo XX, cuando la OMS describió el masticado de coca como “mal social”. Cuando el negocio de la cocaína alzó vuelo, se cimentó el estatus de la planta como sustancia internacionalmente controlada.
Bolivia nunca intentó abolir los usos tradicionales de la hoja de coca. Al igual que Colombia y Perú, creó amplias excepciones. Ahora, busca que la coca sea retirada de cualquier lista de drogas –este país fue el que solicitó la revisión–. Otros artículos de la convención señalan que la coca seguiría siendo controlada para evitar su uso para cocaína. Y su deslistado facilitaría la elaboración de productos basados en coca y su venta al exterior. Los proponentes esperan que impulse el desarrollo rural.
Bolivia ya tiene una dinámica economía de la coca. La ley permite 22,000 hectáreas de coca para suministrar al mercado local. Y los bolivianos han ideado nuevas formas de consumirla. Por ejemplo, la coca machucada: que contiene cafeína y sabor afrutado. Tales productos han ayudado a atraer nuevos consumidores, adaptando un hábito rural a la clase media urbana. También está el “bolo ejecutivo” –sobres de hojas molidas–.
Si la coca fuese deslistada, la esperanza es que surja un creciente mercado internacional legal. Bolivia podría comenzar a exportar productos existentes como coca filtrante, harina y caramelos. También impulsaría la inversión en la planta. Los esfuerzos del Estado boliviano por industrializarla para el mercado interno fracasaron, pero la perspectiva de un mercado global podría provocar que empresas creen productos como bebidas energizantes o nuevas versiones de tónicos como el Vino Mariani, una mezcla de coca peruana con vino de Burdeos para consumidores del siglo XIX como la reina Victoria o el papa León XII.
A los agricultores cocaleros bolivianos les preocupa que las ganancias sean engullidas por compañías internacionales. Los proponentes indican que la idea es que el cultivo de coca esté limitado legalmente a Bolivia, Perú y Colombia, y que se garantice que las poblaciones locales se beneficien de cualquier uso de sus recursos genéticos. Un modelo a seguir podría ser el seguido en Sudáfrica para la industria del té rooibos, que paga un porcentaje de sus ingresos a comunidades indígenas que usaban la planta antes de que fuese industrializada.
No obstante, a los bolivianos les sigue inquietando que un cultivo de coca a escala industrial saque del negocio a los pequeños. Otro temor es que deslistar la coca provocaría un aumento de siembras supuestamente para mercados legales pero dirigidas en la práctica para cocaína. Tal desvío ya ocurre con parte de la producción legal boliviana. Mientras exista demanda por cocaína, siempre habrá un incentivo para cultivar coca para ese propósito. Y bajo las leyes actuales, no hay escasez para su uso ilícito; mucho dependerá de la implementación de nuevos sistemas regulatorios.
Si la OMS recomienda cambiar el estatus de la coca en la convención, los 53 países miembros de la Comisión de Estupefacientes de la ONU tendrán que someter el asunto a votación. Pero el entorno diplomático está cambiando y el mercado de la cocaína está creciendo, lo que exacerba el surgimiento de bandas destructivas. Además, Perú se opone al deslistado.
Una mayoría ganadora probablemente necesite los votos en bloque de miembros de la Unión Europea, dos tercios de América Latina y el Caribe, y algunas alianzas inesperadas. “Será difícil”, sostiene Andrés López Velasco, experto en política antidrogas. “Pero no imposible”.
The Economist. Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez 17/6/25
