Francia está muy cerca de convertirse en el primer país europeo en prohibir las redes sociales a menores de 15 años. La Asamblea Nacional aprobó la noche del pasado lunes con una amplia mayoría el artículo central de un proyecto de ley para proteger a los jóvenes de los daños que pueden provocar las redes sociales. Un texto respaldado por el Gobierno y por el presidente francés, Emmanuel Macron, y cuya adopción se espera para la tarde de este martes, entrando potencialmente en vigor en septiembre de 2026. En caso de recibir luz verde, Francia sería el segundo país del mundo en adoptar una iniciativa así. El primero fue Australia, que elevó hasta los 16 años la prohibición.

“El acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años”, reza el artículo 1, reescrito en una enmienda similar a la inicialmente propuesta y que ha recibido 116 votos a favor repartidos entre el Ejecutivo, la alianza formada por la ultraderechista Agrupación Nacional y Unión de Demócratas por la República (UDR), los comunistas, los independientes de Liot y la mayoría de los Verdes.

La izquierdista La Francia Insumisa (LFI) se opuso a la medida con 23 votos contra. El partido de Jean-Luc Mélenchon considera la ley como una forma de “paternalismo digital”, una manera de legislar con “medidas autoritarias” en lugar de fomentar la educación y el pensamiento crítico, apuntan en la formación. LFI defiende que debe darse los recursos educativos para que los jóvenes sean capaces de manejarse en ese tipo de comunidades y no abrir precedentes prohibicionistas que podrían tener consecuencias antidemocráticas.

El texto aprobado incluye otra enmienda propuesta por la diputada socialista Ayda Hadizadeh y aceptada por un estrecho margen. Estipula que los proveedores de redes sociales “deben garantizar que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva” y prohíbe la promoción de productos o servicios que puedan perjudicar su salud física o mental en redes sociales diseñadas para ellos.

La red social TikTok fue particularmente señalada por los firmantes del texto. Según ellos, puede “tener un efecto perjudicial sobre la salud mental, especialmente la de los más jóvenes, cuyo cerebro aún está en pleno desarrollo y que tienen una menor capacidad de distanciamiento crítico, al encerrar a los usuarios en espirales de contenidos violentos, impactantes, que promueven la automutilación o el suicidio”, tal como se detalla en la exposición de motivos de la ley, que este fin de semana recibió el apoyo del presidente de la República, Emmanuel Macron. Este último había expresado en los últimos meses su voluntad de legislar sobre el tema, prometiendo un proyecto de ley.

Este martes, los parlamentarios debatirán otros asuntos relacionados como la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos —donde se cursan los últimos años de educación secundaria—, como ya ocurre en las etapas formativas anteriores, en los colegios y escuelas. Si todo el texto se aprueba, pasará al Senado a mediados de febrero.

“Lo que exigen los franceses”

Macron ha celebrado a través de redes sociales la decisión de la cámara como “un paso importante” que cumple con “lo que recomiendan los científicos y lo que exigen abrumadoramente los franceses”. Además, ha anunciado que “para garantizar que esta prohibición entre en vigor tan pronto como comience el próximo curso escolar”, ha solicitado al Gobierno “que active el procedimiento acelerado”, que permite una adopción más rápida en caso de desacuerdo entre ambas cámaras.

“Porque las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores”, ha alegado el jefe del Elíseo. “A partir del 1 de septiembre, nuestros niños y adolescentes por fin estarán protegidos. Me aseguraré de que así sea”, ha agregado.

En España, está en trámite en el Congreso la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La norma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, pretende elevar la edad mínima de consentimiento para el tratamiento de datos (y por tanto, el uso de redes sociales) de 14 a 16 años y obligar a que los dispositivos (móviles, tablets, ordenadores) integren sistemas de control parental activados por defecto.

Daniel Verdú, El País