La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste informó el lunes 27, que abrió investigación preliminar por los presuntos delitos de facilitación de comisión de delito ambiental y de información inexacta, contra Grupo Repsol del Perú SAC y la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.
Grupo Repsol del Perú es la empresa que gerencia la Refinería La Pampilla SAA, que es la que ocasionó el mayor derrame de petróleo en la historia del país. Fue el 15 de enero del 2022, cuando en el Terminal Marítimo Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla (Provincia Constitucional del Callao), cuando ocurrió el derrame de petróleo crudo afectando, además de Ventanilla, a las jurisdicciones de Santa Rosa y Ancón, Aucallama y Chancay en Lima, así como al ecosistema de las islas frente a Ancón y Santa Rosa de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, lo que ocasionó la muerte de especies hidrobiológicas.
La investigación preliminar es por la demora en la rehabilitación de la zona del derrame de petróleo, que afectó a la costa de Ventanilla (Callao), Santa Rosa y Ancón (Lima) en enero del 2022. El fiscal provincial Ariel Tapia Gómez adoptó esta decisión en vista de la demora en aprobar los 18 planes de rehabilitación, presentados por la empresa Grupo Repsol del Perú ante el Ministerio de Energía y Minas. La investigación fiscal tiene como finalidad corroborar o descartar presuntas responsabilidades sobre esta demora, más allá de los plazos razonables, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 039-2014-EM; así como de la información presuntamente inexacta en la presentación de planes de rehabilitación por parte de la citada empresa.
Grupo Repsol emitió un comunicado en donde indica que: “La Compañía presentó la totalidad de los planes de rehabilitación en el 2023, dentro del plazo estipulado, y éstos aún continúan en evaluación por parte de la autoridad competente, que es el Ministerio de Energía y Minas. Todas las consultas realizadas por las autoridades han sido debidamente contestadas. Es importante indicar que estos planes no son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas afectadas por el derrame ocurrido en 2022, puesto que las acciones de limpieza, remediación y de monitoreo diario que ha venido realizando la Compañía garantizan condiciones adecuadas en las playas y el mar… Reiteramos que el mar de las playas cumple con los estándares de calidad ambiental nacional e internacional, por lo que está apto para cualquier actividad productiva y recreacional. Así lo demuestran los análisis hechos por laboratorios certificados y también la información entregada en los planes de rehabilitación”.
Grupo Repsol añade que: “destinó más de S/ 1,000 millones en las labores de limpieza, remediación y compensación social. Adicionalmente ha implementado un plan de reactivación económica de la zona para la generación de emprendimientos, Impulsared, para el cual hasta la fecha ha destinado S/ 15 millones adicionales”. También indica que compensó “a las personas incluidas en el Padrón Único de Afectados, elaborado por el Gobierno Peruano. Más de 10500 personas han recibido sus compensaciones, donde se incluyen las personas consideradas en el Padrón y otras que presentaron reclamación y pudieron demostraron afectación en el momento de derrame. A los pescadores afectados se les ha abonado un promedio superior a los S/ 100 mil y se financió la reparación de sus embarcaciones y compra de equipos de pesca”.
Sin embargo, si multiplicamos S/ 100 mil por los 10,500 pescadores, tenemos una cifra de S/ 10,500 millones, que es superior a los mil millones que pone como limpieza más remediación y más compensación, a menos que los pescadores haya sido una cifra ínfima de las 10,500 personas que indica que compensó.
De acuerdo a una fuente de Chancay, Repsol les pagaba a los pescadores afectados S/ 2,500 mensuales, hasta que después de alrededor de 12 meses, firmaron una carta en donde cada uno recibía S/ 70 mil a cambio de desistir cualquier reclamo.