El Poder Judicial (PJ) aprobó irregularmente el zarpe del buque Mare Doricum en pleno proceso de investigaciones por el funesto derrame de petróleo en playas de Ventanilla en 2022.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) advirtió que la reciente autorización judicial que ha permitido el zarpe del buque Mare Doricum de la empresa Repsol hacia China lo que vulnera la continuidad de las investigaciones por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 en Ventanilla, considerado el peor desastre ecológico en el litoral peruano. El Ministerio Público solicitó que se revoque lo actuado.
De acuerdo con el comunicado emitido este 15 de setiembre, el PJ levantó la medida de incautación que pesaba sobre la nave el 3 de setiembre de 2025, a pesar de que estaba pendiente de revisión un recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía. Un día después, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) «velozmente» autorizó la salida de la embarcación, ignorando la advertencia de que el proceso judicial no estaba concluido.
La Fiscalía cuestionó además que la devolución del buque y su posterior partida al extranjero se haya producido sin que la resolución que aprueba un “principio de oportunidad”, celebrado de manera irregular por el exfiscal Ariel Tapia Gómez, haya quedado consentida ni ejecutoriada. Para la entidad fiscal, este hecho compromete la transparencia y continuidad de las pesquisas contra las personas naturales y jurídicas responsables del desastre.
Frente a estas irregularidades, la FEMA Lima Noroeste informó que ha remitido copias certificadas de lo ocurrido a los órganos de control del Poder Judicial, a DICAPI y a la Autoridad Portuaria Nacional, con el fin de que se determinen las responsabilidades administrativas, funcionales y jurisdiccionales. Asimismo, la Coordinación Nacional de Fiscalías Ambientales exhortó a las autoridades competentes a actuar con urgencia para garantizar que las investigaciones por contaminación ambiental dolosa contra Repsol no se vean interrumpidas.
El derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 en la Refinería La Pampilla, operada por Repsol, está considerado como el mayor desastre ambiental de la historia reciente del Perú. Más de 11.000 barriles de crudo se vertieron en el mar de Ventanilla, afectando alrededor de 11.000 hectáreas de ecosistemas marinos y costeros. La emergencia golpeó a decenas de playas, desde el Callao hasta Chancay, y contaminó zonas naturales protegidas como la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
El impacto no solo fue ambiental, sino también social y económico. Miles de pescadores artesanales y comerciantes de las zonas costeras vieron paralizadas sus actividades durante meses, perdiendo sus principales fuentes de ingreso. Organizaciones sociales denunciaron que la ayuda brindada por la empresa fue insuficiente y tardía, mientras que el Estado se mostró incapaz de responder de manera efectiva para mitigar los daños
La empresa Repsol ha sido cuestionada por su responsabilidad directa en la crisis. Diversas investigaciones periodísticas revelaron retrasos en la contención del derrame, subregistro de la magnitud del desastre y falta de un plan de emergencia adecuado. Además, las indemnizaciones ofrecidas fueron catalogadas como insuficientes por las comunidades afectadas, lo que ha mantenido una conflictividad abierta entre la compañía, las víctimas y el Estado.
En el plano internacional, organismos como la ONU calificaron el desastre como una “tragedia ambiental de gran escala” y exigieron una reparación integral. Pese a ello, las investigaciones judiciales en el Perú han enfrentado demoras y obstáculos, lo que ha alimentado las sospechas de impunidad a favor de la empresa. La decisión de liberar al buque Mare Doricum, pieza clave en el caso, reaviva las críticas sobre el rol de las autoridades en un proceso que debería garantizar justicia para las víctimas y sanciones proporcionales para los responsables.
