Enagás es una empresa española que por un lado, tiene dos demandas arbitrales contra el Estado peruano en el CIADI, y por otro lado, le pide ampliar su concesión 10 años más.

Enagás es una empresa española de infraestructura de hidrocarburos. Opera 12,000 kilómetros de gasoductos, ocho terminales de gas natural licuado y tres almacenamientos subterráneos, presente en España, México, Bélgica, Kuwait, Perú y Grecia. Las inversiones de Enagás en Perú son en el desaparecido Gasoducto Sur Peruano y en Transportadora de Gas del Perú.

LAS BATALLAS LEGALES DE ENAGÁS EN EL CIADI

La semana pasada (26/5/25), Enagás ratificó que le ganó un laudo arbitral al Estado peruano. La empresa española informó que el Tribunal Arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) rectificó su laudo de la última Navidad (24/12/24) y aumentó la indemnización que el Estado peruano tiene que pagar a Enagás de US$ 194 millones a US$ 302 millones, además de asumir el 75% de las costas legales. La demanda de Enagás fue porque después que el Estado peruano le quitó la concesión al Gasoducto Sur Peruano – GSP (24/1/17), este no cumplió con convocar a subastas para adjudicar la concesión para calcular el valor neto contable de los bienes de la concesión, violando el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre Perú y España. Esta demanda arbitral había sido presentada por Enagás hace siete años (24/7/18) y solo se sabe información de este laudo por las notas de prensa de Enagás, pues una de las partes ha pedido que no se haga público.

Lo último de este caso, es que el Estado peruano ha presentado ante el mismo Tribunal del CIADI, una solicitud de anulación del laudo, por “excluir la extensa prueba que demostraba conducta criminal en la adjudicación entregada al consorcio Gasoducto Sur Peruano” (Nota de prensa del MEF 3/6/25). Por lo que esta batalla legal sigue librándose.

Esa no es la única demanda de Enagás. Otro problema fue generado por la Ley N° 30737 “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil” (12/3/18), que se emitió en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La procuraduría incluyó a Enagás en la Categoría 2 de la lista de empresas a pagar una reparación civil por el Caso Gasoducto Sur Peruano (28/6/18). El importe del fideicomiso que correspondería a Enagás, estimado como el 50% del patrimonio neto promedio que corresponda a su participación en GSP, confirmado con el Ministerio de Justicia, asciende a US$ 65.5 millones, habiendo entregado Enagás una carta fianza bancaria por ese monto en agosto de 2023, la cual ha sido renovada en julio de 2024. Adicionalmente, Enagás no puede transferir efectivo al extranjero, por lo que le han sido retenidos dividendos por su participación en Transportadora de Gas del Perú (TGP), que según el Informe Anual 2024 de Enagás, a diciembre 2024 suma US$ 542.2 millones. Debido a esto, Enagás presentó otra solicitud de arbitraje al CIADI (23/12/21) para eliminar la prohibición de realizar transferencias al exterior. El Informe Anual 2024 de Enagás estima que el fallo de este arbitraje saldría este 2025 y que le será favorable, porque en el primer arbitraje, a pesar de que no versaba sobre este caso, el tribunal sí se pronunció sobre este punto, señalando “que la inclusión de Enagás Internacional en la Categoría 2 y las restricciones patrimoniales que lleva aparejada -la prohibición de transferir los dividendos al exterior- suponen una violación del trato justo y equitativo” (Informe Anual 2024 de Enagás, p. 308).

A parte de eso, hay otra demanda en el CIADI de Gasoducto Sur Peruano SA en Liquidación, presentada hace 11 meses (30/4/25), porque cuando el Estado le quitó la concesión en el 2017, ejecutó la carta fianza por US$ 262 millones y nunca hizo efectiva la devolución de los ductos, que hasta hoy están en custodia de Osinergmin. Si bien los fondos serían para los acreedores de Gasoducto Sur Peruano SA en Liquidación, podría tocarle algo a Enagás.

LA INVERSIÓN DE ENAGÁS EN TGP

Enagás en Perú es accionista de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en donde tiene el 28.9% de las acciones. Los otros accionistas de TGP son el fondo de pensiones canadiense CPPIB con el 49.9% y la estatal argelina Sonatrach con el 21.2% de las acciones. TGP tiene la concesión de transporte por ductos de gas natural y líquidos de gas natural desde los yacimientos de Camisea, en la selva del Cusco hacia Ica y Lima. El sistema de transporte está conformado por un ducto de transporte de gas natural con una extensión de 730 km y otro de líquidos con una extensión de 560 km. Los contratos de concesión del año 2000 establecen un plazo de vigencia de la concesión de 33 años desde la firma del contrato, renovables en periodos de 10 años pero hasta un plazo máximo acumulado de 60 años.

En el 2024, TGP tuvo ingresos por US$ 768.5 millones, una reducción de -2% en comparación al 2023, y una utilidad neta de US$ 269.7 millones, una baja de -5%.

Enagás señala en sus estados financieros 2024, que recibió dividendos de TGP (que no puede enviar a España) por € 73.8 millones, equivalentes a US$ 83.9 millones. El valor en libros de su inversión en TGP asciende a US$ 515.4 millones.

EL PROYECTO DE TGP DE GASODUCTO COSTERO DE ICA A ILO DE US$ 2,000 MILLONES

Hace ocho meses (18/10/25), TGP anunció su proyecto Extensión Sur, que consiste en un gasoducto con una longitud de 923 km, el cual partiría del distrito Humay (Ica), continuaría en Mollendo con una derivación hacia la ciudad Arequipa y terminaría en Ilo (Moquegua). “Este proyecto de ducto tomó más de dos años de estudio, su inversión asciende a más de US$ 2,000 millones y soportará el crecimiento de las regiones y la industria en el sur. Es la primera vez, después del ducto original, que se habla de un ducto de inversión privada. Acabamos de presentarlo oficialmente al Ministerio de Energía y Minas”, manifestó el venezolano Tomás Delgado, gerente general de TGP, en el evento Perú Energía Sur en Arequipa (18/10/24). Es decir, por un lado, Enagás batalla contra el Perú, y por otro, le propone otro proyecto.

Fue hace tres meses, que TGP presentó oficialmente, su propuesta al gobierno de la Extensión Sur con un ducto de 24 pulgadas y 500 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD). TGP planteó, en una reunión con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem), así como la Agencia de Promoción de la inversión Privada (ProInversión), la firma de una adenda para ampliar por 10 años el contrato de concesión de transporte de gas natural (13/2/25). Allí también planteó ampliar la capacidad total del sistema de transporte de gas de 920 a 1,000 MMPCD, mediante la construcción de un quinto turbo compresor en la planta en Chiquintirca (Ayacucho) y una nueva planta compresora en Melchorita (Cañete).

Los beneficios del proyecto serían en el sector residencial de Arequipa y Moquegua, en los sectores vehicular, industrial y eléctrico, y ascenderían a un ahorro total anual de S/ 32,327 millones, beneficiando de manera inicial a 165,700 hogares y 3,400 vehículos en Arequipa y Moquegua, de acuerdo a una nota de prensa difundida en medios del sur (Los Andes 4/11/24).

El especialista en hidrocarburos, César Gutiérrez, critica este proyecto de ducto costero porque no hay capacidad para enviar gas al sur: “tenemos el caso de la Planta de Separación en Malvinas (Cuzco), que permite separar el gas natural (GN) de los líquidos del gas natural (LGN), que tiene una capacidad para procesar 1,600 MMPCD, que con las demandas existentes se llega a 1,400 MMPCD, es decir que solo hay un espacio para 200 MMPCD. Estando proyectado el ducto costero para 500 MMPCD, también se necesitará ampliación, que en este caso estaría a cargo del consorcio Camisea, operado por Pluspetrol, ¿estarán dispuestos a hacerlo con sus recursos?” (El Montonero 24/10/24).

Gutiérrez critica que para el proyecto no hay reservas de gas: “Para TGP, hay reservas tan solo para 15 años futuros sin contar la demanda de las termoeléctricas que se piensa abastecer en Mollendo e Ilo. Además, queda pendiente de conocer si la necesaria ampliación del tramo de selva del gasoducto Camisea-Lima, está incluida en la inversión” (El Montonero 10/4/25). Gutiérrez también critica la redundancia del ducto en Ica: “TGP, que ofrece desarrollar el proyecto denominado Gasoducto Costero que uniría el ducto Camisea-Lima, desde la localidad de Humay en la provincia de Pisco, de la región Ica, con las termoeléctricas de Puerto Bravo, ubicada en Mollendo, y NEPI, localizada en Ilo; habrían propuesto que en el caso hubiese oposición vía conflictos sociales en la costa sur, debería darse por cumplida su promesa inversora con la terminación del ducto y un City Gate en la localidad de Marcona, de la provincia de Nazca, Ica. Esa posición es inaceptable, ducto de gas natural entre Pisco y Marcona ya existe, construido por la concesionaria colombiana Contugas, que lo desarrolló para la petroquímica proyectada por la americana CF Industries, que luego abortó por los bajos precios del gas natural en los Estados Unidos a partir del año 2009. Ningún valor aportará un gasoducto redundante sin demanda garantizada” (Expreso 20/5/25).

TGP BUSCARÍA FINANCIAMIENTO CON TAKE OR PAY

TGP inició las operaciones de sus ductos el 20 de agosto del 2004. Parte de su financiamiento consistió en la Garantía de Red Principal (GRP), definido en la Ley N° 27133 (4/6/1999), que permite garantizar los ingresos al concesionario por el servicio de transporte de gas, es decir, se le da un dinero mientras que se genera una demanda de gas que llena su ducto. En el caso del TGP, se definió que la GRP se extinguía después del quinto año de operación comercial, cuando su ducto este lleno.

El GRP se cobraba con un recargo en los recibos de luz a todos los usuarios, porque en el futuro, se les iba a beneficiar con energía eléctrica proveniente de centrales térmicas a gas natural. En el caso de TGP, el GRP se le empezó a dar antes de que culmine la construcción de su ducto, de tal manera, que entre noviembre del 2002 y agosto del 2004, se le dio un adelanto de US$ 93.1 millones (Clasificación de riesgo de Apoyo & Asociados 2/6/06).

Hoy ya no existe el GRP y TGP estaría moviendo cielo y tierra para revivir el Take or Pay, el pago por adelantado del 100 % de suministro de gas que pagaban las empresas generadoras eléctricas ¿Otra vez Andrés?