Más de 50 colectivos y organizaciones se reunieron en el auditorio de la Comunidad Andina, donde se realizó el Foro Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú. En ella, se reafirmó el compromiso de trabajar conjuntamente para lograr que todos los niños y adolescentes puedan vivir en un entorno de protección, respeto y oportunidades que les permita desarrollarse plenamente.

El contexto actual no solo exige reflexión, sino también acción decidida para transformar las estructuras que no están logrando proteger a la niñez y adolescencia; por ello se demanda una revisión urgente y exhaustiva del sistema de protección, así como de la legislación, las políticas y servicios públicos dirigidos a las infancias y adolescencias, con enfoque de interseccionalidad, género e interculturalidad.

“No hay mecanismos de recursos financieros básicos en zonas rurales, para poder atender a estas niñas que viven en lugares muy alejados, por eso las familias desisten a las denuncias de agresión sexual”, Veronique Henry, directora de Plan Internacional y representante de Joining Force For All Children Perú.

En ese sentido, alertó que de acuerdo al RENIEC, en la última década se registraron casi 5000 matrimonios infantiles, de los cuales el 98,4% de los casos corresponden a uniones entre niñas de 11 a 17 años y hombres adultos.

Asimismo, de acuerdo al ENDES 2021, tres de cada diez mujeres casadas o unidas comenzó a convivir antes de los 18 años (28.1%); y 1 de cada 10, lo hizo cuando tenía 15 años; en Loreto, la cifra llega a 5 de cada 10.

“Para hacer cambios necesitamos dos consignas: presupuesto y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Solo no podemos, juntos somos fuerza”, comentó Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza.

Se debe señalar que, entre enero y setiembre del 2024, se registraron 16 447 casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Aproximadamente el 69% de los casos las víctimas son adolescentes mujeres.

Medidas urgentes

Por ello, los expertos, consideraron que es imperativo identificar y los obstáculos y amenazas al cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos del Niño, como es el caso de la modificación al Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

En el foro se propusieron algunas medidas que las próximas autoridades deben impulsar: Fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral, dotándolo de recursos económicos suficientes, personal capacitado, y fortaleciendo la articulación interinstitucional con carácter vinculante, para responder eficazmente a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes.

Revisar y enmendar las normativas que afectan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es esencial que estas normativas se alineen con los principios de la Doctrina de la Protección Integral y con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptando medidas legislativas que realmente protejan y promuevan sus derechos fundamentales.

Garantizar una inversión pública suficiente y eficiente para la implementación de políticas y programas de protección contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren el uso adecuado de los recursos.