Por Víctor Gobitz
Luego de las elecciones generales del pasado domingo 12 de abril, quedan registrados dos hechos indiscutibles.
Primero, que la calidad de nuestra gestión pública, en general, es mediocre, y no se limita a una refinería de petróleo, a los centros de salud, a la inversión en infraestructura, o a la educación escolar y universitaria.
Y segundo, que contamos con partidos políticos con escasa difusión y consenso alrededor de sus planes de gobierno. Son organizaciones dependientes de la figura de su líder o caudillo.
El contexto económico mundial para nuestro país es aún favorable, a pesar de la turbulencia causada por las guerras y las disrupciones logísticas. Contamos con números macroeconómicos excepcionales; sin embargo, seguimos creciendo acompañados por un sector laboral informal, que supera el 70% de la PEA.
Por tanto, no es de extrañar que un sector significativo de nuestra población haya votado por propuestas distributivas y no de libre mercado, pero que no deberían interpretarse necesariamente, como un voto a favor de una ideología en particular. Reflejan, todo indica, el anhelo de un cambio inmediato y por ahora inalcanzable, respecto al “statu quo”, en el que viven, día a día.
Por ello, resulta impostergable que previa a segunda vuelta, el debate público priorice los temas más álgidos de dicha población:
- Cómo derrotar la anemia infantil, que alcanza un 40% de prevalencia, y que impacta también a madres gestantes, con una incidencia del 30%.
- Como reducir drásticamente la informalidad, con una legislación laboral más asequible; que permita bancarizar, registrar y hacer sujeto de crédito a más de 12 millones de ciudadanos.
- Cómo resolver la crisis de seguridad ciudadana que aflige a las principales ciudades del país.
- Cómo optimizar la gestión pública, de manera que los recursos existentes permitan brindarle al ciudadano, mejores servicios; y cuyos administradores se elijan en base a mérito y no ha componendas corruptas.
- Cómo sanear las finanzas públicas, para que el grueso de la recaudación se derive a elevar la calidad de los servicios públicos; y no al pago de planillas de burócratas o consultores.
En el caso específico de la minería, pilar económico de nuestro país; producimos dos metales principalmente: cobre y oro. Y ambos requieren la implementación de políticas públicas, que promuevan su crecimiento y sostenibilidad.
En el caso del cobre, donde se requieren inversiones de miles de millones de dólares y son activos de larga vida, se deben agilizar todos los procesos de obtención de permisos ambientales y operacionales; sin relajar estándares. Tomando nota que, en la región, además de Chile; Argentina y Ecuador han decidido agilizar sus regulaciones.
Y en caso del oro, donde casi un 50% de la producción proviene de actividades mineras no formales; la formalización debe incorporar primero, a las plantas de beneficio, como eje articulador para tecnificar el trabajo minero y darle trazabilidad física plena al mineral extraído.
El Comercio 30/4/26
