Por Ricardo Ghibellini H.
En política, el problema nunca es el personaje. Es el público. Los liderazgos extremos, erráticos o francamente inviables existen en todas partes. Lo que distingue a un país no es que aparezcan, sino que prosperen. Y en Lima —una ciudad que se presume informada y crítica— ha prosperado un caso que merece atención más allá de sus fronteras: el respaldo sostenido a Rafael López Aliaga.
No se trata de una discrepancia ideológica ni de un debate entre modelos de gestión. El asunto es más básico: estamos ante un candidato cuya conducta pública acumula episodios de vulgaridad, agresividad, contradicción y una evidente incapacidad de autocontrol. Un estilo que, en cualquier estándar mínimo de gobernabilidad, sería descalificante. Sin embargo, una fracción no menor del electorado lo respalda con convicción. No a pesar de eso, sino casi celebrándolo. Ahí está el fenómeno.
El detonante reciente ha sido su narrativa de fraude electoral: una acusación grave, sin sustento verificable, que ha convocado movilizaciones acompañadas por figuras políticamente derrotadas o marginales. Un coro de vencidos que, sin votos ni respaldo real, aprovecha del esfuerzo e intenta invalidar un proceso democrático. La Organización de los Estados Americanos ha sido clara: elecciones válidas, sin irregularidades graves. La Unión Europea ha sostenido lo mismo. Hay retrasos y problemas logísticos, como en casi toda elección compleja en América Latina. Pero no hay evidencia de fraude estructural.
La evidencia compite con la fe. Y la fe, en política, es muchas veces más resistente que los hechos.
Lo que hace el caso especialmente revelador es que las críticas más contundentes no vienen de sus adversarios ideológicos, sino de su propia trinchera. Jaime Bayly —figura de referencia de la derecha liberal en América Latina— expresó vergüenza pública por las amenazas de López Aliaga, en especial contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo calificó de político que habla “como un matón” y “canalla”, cuestionando su altura moral para aspirar a la presidencia. Rafael Rey, ex congresista, ex ministro, ex embajador y miembro del Opus Dei —la misma institución a la que pertenece López Aliaga— fue aún más directo. En su programa Rey con Barba, luego de las elecciones de abril, dijo que los insultos, amenazas, calumnias y falsedades de López Aliaga “no son normales” y que su única explicación posible era “un serio problema psicológico”. Que alguien del mismo credo, la misma ideología y la misma congregación lo descalifique en esos términos, dice más que cualquier editorial de oposición.
El caso López Aliaga acumula además una incoherencia estructural: promete no dejar la alcaldía y la deja. Ofrece gestión y entrega conflicto. Anuncia orden y practica el insulto. Se presenta como outsider exitoso, millonario y bondadoso mientras insiste con sospechosa frecuencia en recordarlo. Su gestión municipal, pasada por el filtro de resultados concretos, no tiene mucho que mostrar. Es un liderazgo en permanente estado de pelea, con los medios, el empresariado, políticos, incluso consigo mismo. Y aquí viene lo que resulta difícil de explicar: a pesar de todo eso —de las evidencias, de las críticas desde su propio campo, de una gestión municipal sin logros notables, de una conducta que sus propios aliados califican de psicológicamente preocupante— hay en Lima una masa de personas que sigue apoyándolo. Con convicción. Con fervor. Es desconcertante. Es preocupante. Y, francamente, es incomprensible.
La pregunta ya no es quién es López Aliaga, sino por qué, sabiendo exactamente quién es, todavía hay quienes lo siguen.
