La semana pasada, Enagás informó que le ganó al Estado peruano el arbitraje en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) por el Gasoducto Sur Peruano. En la Navidad del año pasado (24/12/25), el CIADI había condenado a Perú a pagarle una indemnización a Enagás por US$ 194 millones. A pedido de Enagás, el CIADI rectificó su laudó y aumentó la indemnización a US$ 302 millones.
Sin embargo, el Estado peruano no se rinde. En la página web del CIADI figura que la República del Perú ha solicitado la anulación del laudo arbitral, por lo que «notifica a las partes la suspensión provisional de la ejecución del laudo». No hay más detalles en el CIADI, por lo que no sabemos en que se basa el Estado para anular el laudo, pero la nota de prensa del MEF indica que es por «la decisión del Tribunal de rechazar y excluir la extensa prueba que demostraba conducta criminal en la adjudicación entregada al consorcio Gasoducto Sur Peruano».
Enagás demandó al Estado en el 2018, porque después de perder la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) -donde Enagás tenía el 25% de las acciones- no cumplió con poner a subasta los bienes del GSP para que le pague su parte correspondiente, violando un acuerdo de inversiones entre Perú y España de 1994.
Enagás es una empresa española de infraestructura de hidrocarburos. Opera 12,000 kilómetros de gasoductos, ocho terminales de gas natural licuado y tres almacenamientos subterráneos, presente en España, México, Bélgica, Kuwait, Perú y Grecia.
Enagas es el segundo socio minoritario de Transportadora de Gas del Perú (TGP) con el 28.9% de las acciones, después del fondo de pensiones canadiense CPPIB con el 49.9%. TGP tiene la concesión de transporte por ductos de gas natural y líquidos de gas natural desde e los yacimientos de Camisea, en la selva del Cusco hacia Humay (Ica) y Lurín (Lima). El sistema de transporte está conformado por un ducto de transporte de gas natural con una extensión de 730 km y otro de líquidos con una extensión de 560 km. Los contratos de concesión del año 2000 establecen un plazo de vigencia de la concesión de 33 años desde la firma del contrato, renovables en periodos de 10 años pero hasta un plazo máximo acumulado de 60 años.
En el 2024, TGP tuvo ingresos por US$ 768.5 millones, una reducción de -2% en comparación al 2023, y una utilidad neta de US$ 269.7 millones, una baja de -5%.
Enagás señala en sus estados financieros 2024, que recibió dividendos de TGP (que no puede enviar a España) por € 73.8 millones, equivalentes a US$ 83.9 millones. El valor en libros de su inversión en TGP asciende a US$ 515.4 millones.
Hace ocho meses (18/10/25), TGP anunció su proyecto Extensión Sur, que consiste en un ducto de transporte de gas con una longitud de 923 km, el cual partiría del distrito Humay (Ica), continuaría en Mollendo con una derivación hacia la ciudad Arequipa y terminaría en Ilo (Moquegua). “Este proyecto de ducto tomó más de dos años de estudio, su inversión asciende a más de US$ 2,000 millones y soportará el crecimiento de las regiones y la industria en el sur. Es la primera vez, después del ducto original, que se habla de un ducto de inversión privada. Acabamos de presentarlo oficialmente al Ministerio de Energía y Minas”, manifestó el venezolano Tomás Delgado, gerente general de TGP, en el evento Perú Energía Sur en Arequipa (18/10/24). Es decir, por un lado, Enagás batalla contra el Perú, y por otro, le propone otro proyecto.
Fue hace tres meses, que TGP presentó oficialmente, su propuesta al gobierno de la Extensión Sur con un ducto de 24 pulgadas. TGP planteó, en una reunión con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem), así como la Agencia de Promoción de la inversión Privada (ProInversión), la firma de una adenda para ampliar por 10 años el contrato de concesión de transporte de gas natural (13/2/25). Allí también planteó ampliar la capacidad total del sistema de transporte de gas de 920 a 1,000 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), mediante la construcción de un quinto turbo compresor en la planta en Chiquintirca (Ayacucho) y una nueva planta compresora en Melchorita (Cañete).
TGP inició las operaciones de sus ductos el 20 de agosto del 2004. Parte de su financiamiento consistió en la Garantía de Red Principal (GRP), definido en la Ley N° 27133 (4/6/1999), que permite garantizar los ingresos al concesionario por el servicio de transporte de gas, es decir, se le da un dinero mientras que se genera una demanda de gas que llena su ducto. El GRP se cobraba con un recargo en los recibos de luz a todos los usuarios, porque en el futuro, se les iba a beneficiar con energía eléctrica proveniente de centrales térmicas a gas natural. En el caso de TGP, el GRP se le empezó a dar antes de que culmine la construcción de su ducto, de tal manera, que entre noviembre del 2002 y agosto del 2004, se le dio un adelanto de US$ 93.1 millones (Clasificación de riesgo de Apoyo & Asociados 2/6/06).
Hoy ya no existe el GRP y TGP estaría moviendo cielo y tierra para revivir el Take or Pay, el pago por adelantado del 100 % de suministro de gas que pagaban las empresas generadoras eléctricas ¿Otra vez Andrés?
