Después de dos años de que el fondo estadounidense Gramercy Funds Management LLC le ganó al Estado peruano el arbitraje en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) para cobrar los Bonos Agrarios (originados a partir de la Reforma Agraria), el Ministerio de Economía (MEF) anunció que llegó a un acuerdo con Gramercy para pagarle. Si bien el MEF en su comunicado dice «la suscripción de un Acuerdo Transaccional que permitirá al país ahorrar más de US$ 25 millones, respecto al pago que se debía efectuar a la mencionada empresa», lo cierto es que en el acuerdo el Estado reconoce que le pagará US$ 85 millones en dos partes, de los que US$ 45 millones ya le pagó hace un mes (4/11/24) y el resto lo hará de acuerdo al cronograma aprobado por la Corte del Distrito de DC en EEUU.
Gramercy compró 9,656 Bonos Agrarios por US$ 33.2 millones, entre el 2006 y el 2008, a diversos dueños de tenedores de bonos o a sus herederos. Gramercy interpuso su demanda arbitral ante el CIADI el 2 de junio del 2016 y el laudo indicó que el Estado le debe pagar US$ 33,222,630 más intereses al 7.22%, contados a partir del 1° del 2009, además de pagar a los árbitros US$ 771,388.92 y a la defensa legal, US$ 9,860,000 con intereses, ambos también de 7.22%.
LA LARGA HISTORIA DE LOS BONOS IMPAGOS
La Reforma Agraria en el Gobierno de Juan Velasco expropió tierras a cambio de bonos que nunca pagó. El Decreto Legislativo 653 (1/8/1991) estableció que «El valor de las tierras expropiadas será pagado a su valor de mercado y en efectivo», pero la Ley N° 25967 (10/4/1996) señaló que: «el pago de los mismos debe efectuarse por su valor nominal más los intereses establecidos para cada emisión y tipo de bono», pero esa ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (2001). Cuando Fernando Zavala fue ministro de Economía, indicó que el MEF había calculado que la deuda de los bonos ascendía a US$ 3,121 millones (2006).
Una última sentencia del TC sobre el tema indica: «un criterio de valoración mercantil que se le ponga en la actualidad a los bonos de la Reforma Agraria puede ser entendido desde el contexto de la vigente Carta Magna de 1993» (Sentencia 04624-2022-PA/TC 31/7/24).
Sin embargo, hasta la fecha no se pagó nada y un grupo de bonistas presentó una nueva demanda ante el TC y esperan audiencia ante el pleno el próximo mes.
Foto: Laudo del CIADI
Gramercy es un fondo con sede en Greenwich, Connecticut, con oficinas en Londres, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach and Ciudad de México, con plataformas de préstamo en México, Turquía, Perú, África, Brasil y Colombia.
