Va quedando claro que el ministerio Público arrastró los pies en el caso de exalcaldesa de Lima Susana Villarán, no que hay olvidar la exburgomaestre que fue una de las fundadora del Instituto de Defensa Legal (IDL) acompañado a Gustavo Gorriti, quién es «el que maneja la estrategia de los juicios» según señaló el filosofo Jaime Villanueva, testigo estrella de la fiscal Delia Espinoza para investigar a la Fiscal de la Nación Patricia Benevides en la recatafila de delitos que le han endilgado.
Así las cosas que da claro la razón que motivó a su ahijado el fiscal José Domingo Pérez, para la demora en abrir una carpeta fiscal inmediatamente después de los destapes del diario español El País (septiembre del 2017), hace ocho años, sobre los depósitos del exgerente municipal José Miguel Castro en el Banco de Andorra.
Peor aún Pérez ha confesado muy suelto de huesos que no logró cerrar la colaboración eficaz de Castro donde acusa a varios miembros de «las Chalinas Verdes» pese a que venía entregando información desde el 2020 sobre las coimas que entregó Odebrecht, OA y Graña y Montero (ahora Aenza) para la exalcaldesa.Increíble, cinco largos años en calidad de aspirante a colaborador.¿Error, negligencia o precaricato? “Esperábamos su valioso aporte”, se lamentó el fiscal Pérez, en Canal N el día del deceso. No había rubor en sus mejillas.
José Miguel Castro, exgerente municipal, fue un personaje de entera confianza para la exalcaldesa de Lima. Así, tuvo un rol clave al interior de la presunta organización delictiva que habría tenido a Villarán a la cabeza. Fue el exfuncionario quien sostuvo más de una reunión o comunicación para solicitar dinero y fue, también, el encargado de distribuirlo, en más de una oportunidad, según la tesis fiscal.
Castro señaló en el interrogatorio fiscal: “El señor Leo Pinheiro (expresidente de OAS) me buscó para tener una cena en el Hotel Westin…En esa cena, que ocurrió en setiembre de 2014, Pinheiro, delante de todos se comprometió a apoyar la campaña de reelección de la alcaldesa Susana Villarán; cosa que ya había hecho 16 meses antes para apoyar la campaña de la ‘No revocatoria’ (…). Se comprometió en aportar tres o cuatro millones de dólares”
Pese a la trascendencia del papel desempeñado por Castro Gutiérrez, que era el testigo clave, el fiscal Pérez mantuvo en suspenso, por cinco años, el cierre del acuerdo de su colaboración eficaz y se desconocen los motivos para esta desidia.
La cronología es la siguiente: la investigación preliminar por los presuntos pagos ilícitos (US$11 millones de dólares) para las campañas de la ‘No revocatoria’ y la Reelección de Villarán de la Puente, que alcanzó a Castro y otros, se inició en 2017. Dos años después, el exgerente municipal ya estaba listo para prestar su testimonio aceptando los cargos. Sin embargo, no fue hasta junio de 2020 cuando se conoció, tras la filtración de un oficio del fiscal Rafael Vela (coordinador del Equipo Especial Lava Jato), que ya figuraba como aspirante a colaborador eficaz.
En la carpeta fiscal figuran declaraciones del extrabajador edil en su condición de imputado —estaba a la espera de comparecer en el juicio oral como acusado— y como aspirante. Sus declaraciones, en esta última categoría, revestían de trascendencia al proceso de acuerdo al propio fiscal José Domingo Pérez, quien reconoció a la prensa que dicha declaración era un “valioso aporte”.Pese a ello, la antesala duró cinco años sin concretarse con la homologación en el Poder Judicial (PJ). Ahora, la Fiscalía se juega como última carta, para no perder dichas testimoniales, solicitar a los jueces la incorporación de las declaraciones en condición de prueba nueva. Ergo, teniendo todo lo perdieron todo.
Los magistrados a cargo del juicio oral, que se iniciará el 23 de septiembre, son Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe. Coronado y Vengoa condenaron a Ollanta Humala sin requerir la corroboración en juicio de las acusaciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata por los US$ 3 millones de parte del presidente Lula. Arguyeron criterios de conciencia. Ojala que no sean de los fiscales y jueces que emplean el dobre rasero: Para los caviares todo para el resto la ley. Asimismo estos dos primeros formaron parte de la sala que condujo el juicio por el Caso Cócteles, también a cargo de Pérez, y que regresó a fase previa tras dos fallos vinculante del Tribunal Constitucional (TC) —Coronado votó en contra y Vengoa a favor. Nayko Coronado no perdona nada.
El abogado Benji Espinoza señala en Correo . “Estamos hablando de una demora que provendría del 2019 (o 2017). Sean cinco o seis años, más de dos años ya es un tiempo absolutamente irrazonable y prolongado. Por eso es que se reformó la ley” (recordadndo que este plazo se ha recortado a dos años, con el fin de evitar estas negligencias. Agregando: «Como vemos en este caso, se genera impunidad cuando la Fiscalía no hace bien su trabajo, no actúa con diligencia y si con desidia, lo que se genera es que se pierden pruebas valiosas para el proceso.
Por su parte el abogado Andy Carrión indica: “el Equipo Especial (Lava Jato) ha dado muchas facilidades a aquellos que se sometían al procedimiento de colaboración eficaz…Uno de los ejemplos más palmarios es el de la propia empresa Odebrecht, quien ante cualquier tipo de información que salía aquí o en el extranjero decían: ‘Me olvidé de brindarte esta información’. Y lo que hacía Rafael Vela es decir: ‘Bueno, vengan otra vez para seguir colaborando’. Dosificaron la información de acuerdo a sus propios intereses”, apuntó. Y ahí tenemos los resultados.
