ACS, la empresa presidida por el magnate español, inició el embargo de activos estatales en Luxemburgo porque Perú no pagó parte de una multa internacional por problemas en la construcción del Metro de Lima.

El empresario español Florentino Pérez, magnate a cargo del Real Madrid y presidente de la empresa ACS, lider del consorcio constructor de la Línea 2 del Metro de Lima pidió a la Justicia de Luxemburgo el embargo de US$ 315 millones a la República del Perú. El proceso inició el 14 de febrero, como consecuencia del incumplimiento parcial de un laudo internacional emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. El conflicto surge por irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de la línea 2.

El consorcio ejecutor conformado por ACS (25%), FCC (18,25%), otros socios italianos (Impregilo, Ansaldo y Viala) y la empresa peruana COSAPI, emprendió la ejecución del laudo tras el abono del Perú de US$ 106 millones de los US$ 456 millones de dólares consignados en el laudo arbitral. Del total, únicamente US$ 56 millones se encuentran formalmente suspendidos mientras se evalúan solicitudes de revisión por parte de Perú. El resto, más de 300 millones, constituye la base del embargo en marcha. Se trata de un reclamo por la demora en la entrega de terrenos por parte del Ministerio de Transportes. Las aspiraciones del consorcio italo hispano suman miles de millones de euros ¡Joder!.

ACS eligió Luxemburgo para solicitar la incautación de las Reservas Internacionales del BCR. Allí, el laudo CIADI actúa como un título ejecutivo, lo que permite iniciar la retención de cuentas bancarias, inversiones financieras e incluso propiedades oficiales de la nación. Aunque las autoridades judiciales aún no han revelado qué activos podrían verse comprometidos, de acuerdo a información del portal Economía Digital, el embargo avanza de forma sigilosa pero efectiva. Julio Velarde, tiene la palabra.

La medida ocurre en paralelo a las dos nuevas demandas que el consorcio ha interpuesto contra el gobierno de Perú ante el mismo tribunal. Estas acciones, aun en proceso, podrían incrementar la presión financiera sobre Perú, que ya enfrenta un escenario legal adverso y de alta exposición mediática.

Ante la ofensiva coactiva, el gobierno peruano respondió con una solicitud de anulación parcial del laudo arbitral, presentada el 26 de febrero. El recurso se centra en los daños por construcción y en los intereses e imposiciones sobre esos conceptos, denominados ‘Daños Bajo Protesto’. La demora en entregar los planos (EDIs) para su aprobación.

Además, el Estado pidió la suspensión total de la ejecución mientras se resuelve el procedimiento de anulación, cuyo veredicto podría prolongarse hasta finales de 2026. No obstante, la comisión ad hoc del CIADI aún no se ha pronunciado sobre la suspensión completa, cuya decisión se espera para el 15 de octubre de este año. La respuesta del Perú del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que coordina el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), informa que la ejecución del laudo arbitral emitido en el caso Metro de Lima Línea 2 S.A. c. República del Perú, Caso CIADI No. ARB/17/3 (Laudo Metro), se encuentra suspendida provisionalmente, pues el Perú solicita la anulación de más de USD 170 millones en el laudo por considerar que se vulneró el derecho aplicable y se otorgaron indemnizaciones indebidas, conforme al procedimiento internacional de anulación iniciado por el Estado peruano.intenta contener el impacto económico y político de un fallo que podría sentar un precedente en futuros litigios internacionales,

El conflicto entre ACS y el Estado peruano se remonta a enero de 2017, cuando el consorcio Metro de Lima Línea 2 presentó una demanda arbitral ante el CIADI por incumplimientos graves del contrato de concesión, firmado en 2014. El megaproyecto, valorado en 3.900 millones de euros, contemplaba la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en cinco años (2014-19) y una explotación de 30 años con ingresos proyectados de 2.400 millones de euros. Van 11 años y sólo se ha ejecutado el 70%.

La concesionaria alegó con posterioridad, que no le entregaron los terrenos requeridos en los plazos estipulados -luego de la negativa a aligerar las columnas- y que hubo demoras significativas en la aprobación de los estudios de ingeniería de detalle (EDIs). El estado en la demora en la presentación de los EDIs por parte de calculistas chinos que no hablaban español. Paralelamente, el Estado presentó una contrademanda por supuestos daños medioambientales y socioeconómicos, que ascendía a más de 700 millones de dólares.

Tras años de audiencias y revisión de pruebas, un fallo del 21 de marzo del 2024 condenó a Perú al pago de 456 millones de dólares, cifra que se ajustó tras una revisión del tribunal del 30 de octubre del mismo año. La condena incluyó intereses simples calculados por LIBOR +2% hasta que se concrete el pago total. A pesar de ello, Perú ha ejecutado solo una fracción del monto. Los abogados del Perú pertenecen al estudio Haussmann Associés SELÁRL, que opera bajo el nombre comercial Squire Patton Boggs, para brindar asesoría legal al Estado peruano en el proceso de anulación parcial del laudo emitido en el caso CIADI ARB/17/3, que corresponde al arbitraje internacional entre Metro Línea 2 S.A. y la República del Perú.