La Procuraduría AD HOC para el caso Lava Jato que dirige la abogada Silvana Carrión, solicitó al Poder Judicial que un grupo de dirigentes del Partido Aprista Peruano, asuma el pago en forma solidaria, la suma de S/ 69.7 millones como reparación civil a favor del Estado peruano como parte de la investigación preparatoria que se les sigue por el  Caso Lavajato. La señora Carrión además pidió que cancelen US$ 1.435.200 como indemnización a favor del Estado peruano dentro de este caso.

La Procuraduría AD HOC para los Casos Odebrecht y Lava Jato presentó esta abultada propuesta inicial de reparación civil e indemnización -que equivale, soles más soles menos, al 10% de la reparación fijada a Odebrecht en el Acuerdo de Colaboración Eficaz- por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, la cual fue aceptada, como era de esperarse, el ultimo 22 de mayo por el juez «activista» Richard Concepción Carhuancho.

El magistrado determinó que la solicitud de constitución en actor civil que presentó la procuraduría habría cumplido los presupuestos de justificación que establece el Código Procesal penal para ser aceptado, rechazando las oposiciones formuladas por los exministros Jorge Del Castillo, Hernán Garrido Lecca, la excongresista Luciana León y Luis Antonio Gasco Bravo, al pedido que hizo la procuraduría dentro de este proceso penal.

La resolución judicial del juez Richard Concepción Carhuancho habilita a la procuraduría  a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano trabando embargos, bloqueando o congelando cuentas bancarias. La investigación preparatoria se originó a raíz de la declaración que brindó el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, en Brasil, el 28 de febrero del 2018, en la que reveló que dicha empresa brasilera entregó la suma de 200 mil dólares para financiar la campaña electoral del APRA en el año 2006.

La magistrada dispuso que se lleven a cabo una serie de diligencias como recibir las declaraciones indagatorias de los investigados, quienes son los exministros Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido Lecca, los excongresistas Mauricio Mulder, Luciana León, César Zumaeta y los dirigentes apristas Franklin Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo.