Los investigadores acusan a Deolane Bezerra de participar con el jefe del PCC en una trama que blanqueó 65 millones de dólares
La abogada criminalista brasileña Deolane Bezerra, de 38 años, que hace solo unos días se mostraba ante sus 21 millones de seguidores en Instagram de visita en Roma, ha sido detenida este jueves acusada de lavar dinero para el grupo más poderoso del crimen organizado local, el Primeiro Comando da Capital (el PCC). Los investigadores la acusan de participar en una trama que movilizó más de 300 millones de reales (65 millones de dólares) y en la que incluyen al jefe más emblemático de esta hermandad de criminales, Marco Herbas Camacho, Marcola, y a su hermano Alejandro, junto a dos sobrinos, entre otros. La fiscalía ha presentado la operación como parte de la estrategia gubernamental de atacar a los que moviendo fondos ilícitos dan oxígeno al crimen organizado, lo que en Brasil denominan “el piso de arriba”, en contraste con la chavalería que vende droga en los callejones de las favelas.
Además de neutralizar el blanqueo de dinero, el fiscal general de São Paulo ha explicitado un doble objetivo añadido. “Esta acción tiene carácter pedagógico e intención disuasoria. No hay atajos. No sirve de nada restregarles dinero en la cara a los jóvenes para que se conviertan en abogados de la PCC”, ha declarado Paulo Sérgio de Oliveira e Costa en una conferencia de prensa. “La influenciadora es una pieza clave en la trama de blanqueo de dinero”, ha enfatizado.
Bezerra ha sido detenida a primera hora en una vivienda ubicada en una de las urbanizaciones más lujosas de São Paulo, llamada Alphaville. Precisamente regresó de Roma la víspera. El relato diario que iba colgando en Instagram la muestra junto al Coliseo, en la piazza de España o con bolsas de marcas como Dior o Yves Saint Laurent.
La policía brasileña ha solicitado a la Interpol la detención de tres personas, incluidos dos sobrinos del jefe Marcola, en Italia, España y Bolivia.
La también empresaria está acusada de recibir dinero sin justificar de una empresa transportadora que, según la policía, pertenece al PCC. La compañía está ubicada muy cerca de la cárcel, en el municipio de Presidente Venceslau. Bezerra ya estuvo presa por la misma acusación el año pasado en una operación sin relación con esta. Entonces, la principal sospechosa era su madre.
“Hemos alcanzado al piso de arriba”, ha destacado el fiscal Lincoln Gakiya, uno de los que más a fondo ha investigado al PCC. El grupo, que nació en los noventa dentro de una prisión para defender los derechos más básicos de los reclusos ha crecido imparable hasta convertirse en una organización con unos 40.000 hombres y mujeres que, además de traficar con drogas, está cada vez más infiltrada en la economía formal de Brasil y tiene tentáculos en decenas de países. Además, domina barriadas enteras y prisiones por todo Brasil en las que impone su ley, que aplican sus propios tribunales.
Perseguir a los que mueven el dinero del crimen organizarlo para asfixiarlo es la receta prioritaria del actual Gobierno brasileño frente a la estrategia de la ultraderecha local y de Estados Unidos, partidarios de combatir al narco con ataques militares y listas de organizaciones terroristas.
Dos operaciones policiales realizadas en 2025 se han convertido en emblemas de uno y otro abordaje. En agosto, la policía y el Ministerio de Hacienda desmantelaron una red de fondos de inversión acusados de lavar dinero para el PCC. Sin disparar un tiro. “Los magnates del crimen organizado no están en las barriadas sino en algunas de las direcciones más nobles y en el extranjero”, dijo entonces el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Dos meses después, una incursión en una favela de Río de Janeiro acabó en un brutal baño de sangre, con 121 muertos, incluidos varios policías. Aunque el principal sospechoso perseguido, un jefe del Comando Vermelho, nunca fue detenido, el gobernador la calificó de gran éxito y la ciudadanía aplaudió, según las encuestas.
Bezerra, que ejercía de abogada criminalista en un bufete compartido con sus hermanas, ganó proyección nacional tras enviudar en 2021. Su marido, un cantante de funk, se cayó del balcón de la habitación de hotel que el matrimonio compartía. La investigación concluyó que fue un accidente. Ella saltó a la fama, empezó a acumular seguidores mientras mostraba su vida de lujo y su trabajo de abogada. De ahí, a la publicidad y a un concurso de telerrealidad.
Los investigadores sostienen que “el perfil público, la actividad empresarial formal y los movimientos patrimoniales fueron usados [por la detenida] como capas de aparente legalidad para dificultar la identificación del origen ilícito de los fondos”, según la nota difundida por la fiscalía.
Naiara Galarraga Gortázar desde São Paulo para ElPaís.com 21/5/26
