La historia del Aeropuerto Internacional de Chinchero parece no tener fin. Más de una década después de que se anunciara con bombos y platillos, la obra apenas roza el 33% de avance. Y como si no bastaran los retrasos y sobrecostos, ahora el Estado peruano busca que tres exfuncionarios paguen de su bolsillo más de US$9 millones.
El origen del conflicto
En abril de 2014, el consorcio Kuntur Wasi, integrado por Corporación América y Andino Investment Holding, ganó la concesión para construir el aeropuerto, con una inversión estimada en US$658 millones.
Todo parecía encaminado… hasta que en julio de 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el contrato fue resuelto de forma unilateral. Esa decisión llevó a la concesionaria a demandar al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En 2024, el Ciadi falló a favor de Kuntur Wasi y ordenó que Perú pague S$91,2 millones(aproximadamente S/328 millones) por haber roto el contrato sin justificación sólida.
Pero el golpe no quedó ahí: la Contraloría investigó y encontró irregularidades que derivaron en una nueva ofensiva legal, esta vez desde el propio Estado contra quienes considera responsables.
La demanda contra exministros
El procurador Amado Enco presentó una demanda civil contra:
• Bruno Giuffra, exministro de Transportes y Comunicaciones
• Eduardo Ferreyros, exministro de Comercio Exterior y Turismo
• Rosa Nakagawa Morales, exdirectora de Concesiones en Transportes
El pedido: que indemnicen al Estado con US$9,3 millones, monto que —según Enco— se gastó en defensa legal durante el arbitraje.
La acusación señala que los exministros firmaron el documento que comunicó a Kuntur Wasi la “resolución unilateral e irrevocable” del contrato, apenas tres meses después de haber suscrito la adenda 1 para continuar con la obra. La Contraloría afirma que esta decisión careció de sustento técnico y legal, a pesar de invocar “interés público” como motivo.
Nakagawa sostiene que solo remitió un informe de un estudio de abogados para evaluar escenarios de caducidad y que llevaba menos de tres semanas en el cargo cuando se tomó la decisión. Además, acusa a la Contraloría de errores y confía en que el Poder Judicial le dará la razón.
Una obra que no despega
En 2019, el gobierno de Martín Vizcarra firmó un acuerdo con Corea para retomar la construcción. Se prometió que el aeropuerto estaría operativo en 2024, pero la realidad es otra: ni siquiera se ha alcanzado el 50% del avance.
Mientras tanto, el Aeropuerto de Chinchero sigue siendo más un caso judicial que un proyecto que impulse el turismo y la economía del Cusco.
