Por Gustavo V. Martínez
La delincuencia y el crimen organizado ya escaló a niveles incontrolables en el país, y sin temor a equivocarme nos hemos transformado de una sociedad informal a una criminal.
Y esto tiene un impacto no solo social sino económico, que según cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el impacto económico de la inseguridad ciudadana en el Perú genera pérdidas superiores a veinte mil millones de soles al año, equivalentes a aproximadamente el 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.
Esta impresionante cifra incluye tanto el gasto público como la inversión privada destinada a medidas de protección y prevención contra la criminalidad.
Sin embargo, quizá el costo más elevado y que aun no ha sido medido es en la imagen externa, con el golpe negativo en el turismo, futuras inversiones y cierre de negocios, lo que impacta en menores puestos de trabajo y desempleo.
Los sectores más afectados por esta ola criminal son transportes, manufactura, construcción, además del comercio minorista y los servicios. Es decir, desde pequeños negocios como bodegas, panaderías, ferreterías y peluquerías hasta empresas medianas quienes enfrentan amenazas constantes que afectan la continuidad de sus actividades y los obligan a destinar recursos adicionales a seguridad. Se desfinancian.
Hasta hace unos años la delincuencia y el crimen en el país no tenía estos ribetes, salvo casos puntuales, sin embargo, con la llegada de miles de extranjeros se han instalado en el Perú bandas organizadas, quienes encontraron un Perú que no contaba con esas formas de delito y ellos han tomado ese vacío y ahora dominan el campo delictivo.
Hemos pasado de los paqueteros en los barrios a las extorciones a minoristas.
Hoy la inseguridad no sólo pone en riesgo los negocios, sino también la integridad personal de quienes emprenden, pero sobre todo la viabilidad como país.
Uno de los sectores más afectado es el de transportes que, desde hace un buen tiempo, enfrenta una escalada de violencia con atentados, extorsiones y sobre todo asesinatos.
En resumen, la criminalidad es un negocio millonario para los criminales y eso lo hace tan atractivo, en dicho sentido, es urgente implementar una estrategia integral que incorpore la presencia policial, un mayor control de la tenencia ilegal de armas y el fortalecimiento de las instituciones, en conjunto con la reducción de las brechas en educación y salud y la implementación de políticas para disminuir la pobreza y promover la movilidad social.
Porque hoy, la situación que vivimos limita el desarrollo de todo tipo de actividades económicas y mientras no existan resultados visibles en la mejora de la seguridad, los gastos y las pérdidas humanas seguirán en aumento.
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