Viernes de candela… Mañana, más de 1200 víctimas de María “Maruja” Aguirre Salazar -de Blanco Sociedad Administradora de Fondos (Blanco SAF)- mayormente residentes del exclusivo distrito de San Isidro, prenderán sus computadoras desde el amanecer, para clamar al cielo que se produzca el milagro que permita que Maruja “La amiga de todos los socios del Club Nacional” Aguirre le devuelva sus ahorros de toda la vida.

Un sentimiento común que combina la sobrevivencia y la ira con toda seguridad se transmitirá desde las redes informáticas en la Asamblea Extraordinaria virtual de partícipes (de los fondos BP6 Soles y BP7 Dólares), que tiene como punto principal de la agenda: la remoción de Blanco SAF (léase Maruja Aguirre) de la administración de estos fondos.

Desde hace más de 200 días, Gato Encerrado informó que los administradores de Blanco SAF “no estarían pagando rendimientos, ni intereses, ni menos aún devolviendo capital a los partícipes” (“Los Cuellos Blancos de saco y corbata de San Isidro” 27/2/24), ante lo cual, fuimos amenazados con carta notarial suscrita por Maruja Aguirre y José Castillo Carazas (gerente general) que afirmaba: “el carácter engañoso y perverso” de nuestra publicación, reservándose el derecho a denunciarnos «por el delito de difamación agravada».

Lo más grave de esta tragedia es que viene precedida del escándalo de los fondos de inversión Óptima y Kronos, la cooperativa AELU, la intervención de las cajas Raíz y Sullana, intervención de la Financiera Credinka y el devenir de Diviso Holding Financiero (así como más de otras 20 cooperativas), contaminando la ilusión y los ahorros de millones de peruanos que involucran cerca a S/ 30,000 millones.

EL GRAN FORADO

Esta grave situación, también, fue cubierta con posterioridad por otros medios: “Maruja en el infierno” (Expreso 15/4/24) y «Blanco de duras» (Hildebrandt en sus trece 12/4/24), pasando a la televisión (Sin Medias Tintas en Latina-Canal 2 y Contracorriente en Willax). Con escasos reflejos y pies de plomo, el superintendente Juan Pichihua, mandamás de  la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), recién empezó a supervisar en el mes de abril (17/4/24) los fondos públicos (BP6 Soles y BP7 Dólares de información abierta), mientras que los fondos privados quedaban a la vera de Dios.

Pero el acompañamiento de la SMV más parecía la marcha de las sahumadoras (aquellas que tratan de caminar de rodillas delante de la procesión, con un ciro encendido), ahora que estamos en el mes de octubre; se limitaban a rezar mientras que la situación financiera se iba agravando. Luego de un explosivo reportaje de Contracorriente (Willax 6/10/24), el regulador se dignó a publicar el Hecho de Importancia (11/10/24) que revelaba que los montos de pérdidas que reconocía Blanco SAF al 31/12/23 eran abrumadoramente superiores, llegando a S/ 145 millones.

Claro indicio que se habrían maquillado los Estados Financieros (EEFF) para engañar no solo a los inversionistas y a la SMV, sino a toda la opinión pública, minimizando la pérdida de los fondos (Oficio Nº 4428-2024-SMV/10.2). Peor aún, de la lectura del documento se desprende que la dupla Aguirre-Castillo falseaba la información contable que presentaba a los reguladores.

Increíble que la propia administración de Blanco SAF haya modificado su información contable: entre los EEFF (31/12/23) y el EEFF (30/6/24) incrementando la pérdida en 3657% BP6 Soles y 4628% BP7 Dólares.

LA SECUENCIA DE LA TRAFA

La SMV, con gran lentitud como se aprecia, ha descubierto una malversación que bordea los S/ 45 millones de los fondos BP6 y BP7 a favor de los accionistas de Blanco SAF (que son Maruja Aguirre y sus hijos Micaela y Diego Ortiz de Zevallos). Este importante monto se subdivide en: inmuebles en garantía adjudicados por S/ 15 millones –como varias viviendas en lujosos distritos limeños allende a El Olivar de San Isidro- y una compañía pesquera C&H Fish cuyos activos superan los S/ 29.5 millones, implicada en un verdadero carrusel de transferencia de acciones en los registros públicos, que el señor Pichihua aún no llega a desentrañar.

Sorprende también a muchos de los partícipes, amantes de la marca Casio y Swatch,  que la SMV no se haya pronunciado hasta el momento sobre las empresas comercializadoras de relojes que forman actualmente parte del patrimonio del clan Ortiz de Zevallos Aguirre.

También despierta las suspicacias que la SMV no haya cuantificado el valor de las pérdidas de los préstamos impagos a 37 empresas con los fondos (BP6 y BP7) que figuran subrepticiamente, como quien no quiere la cosa, al final del Oficio Nº 4311-2024-SMV/10.2 (26/9/24) como un inocente Anexo 2 donde se puede apreciar que la mayoría de estas empresas no han devuelto el dinero hace varias lunas, tanto así que la SMV califica a 32 de ellas como 100% de pérdida, sin establecer el monto dinerario.

Ante tantas irregularidades, esta redacción ha quedado exhausta, esperen publicaciones continuas, porque la cantidad de “trafas” supera largamente nuestra creativa imaginación.