La Contraloría General de la República emitió un informe en donde inhabilitó por 100 días para la función pública a trabajadores de la empresa estatal Petroperú: Beatriz Cristina Fung Quiñones, Jorge Quino Celi, Paul Petters Merino y Melissa Velásquez Tasayco «por responsabilidad administrativa funcional» (PAS), por «Beneficios otorgados a personal designado en calidad de encargado en puestos de dirección y confianza de los niveles 2 y 3, movilizados a la Oficina Principal».

La Contraloría basó su sanción en que los trabajadores de Petroperú son funcionarios públicos, aunque ellos se defendieron indicando que no lo son. Según la Contraloría, «Petroperú es una Entidad sujeta al control y potestad sancionadora de la Contraloría, se advierte que la salvedad expresa a la que hace referencia la normativa de Petroperú es -precisamente- la descrita en la Ley n° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Por lo que, para los efectos de la determinación de responsabilidad administrativa funcional, el personal de Petroperú son servidores o funcionarios públicos, y ejercen función pública dentro del ámbito de su cargo».

La congresista Margot Palacios solicitó al presidente de Petroperú, Roger Arévalo, si los cuatro trabajadores de Petroperú sancionados por la Contraloría ha sido despedidos. La congresista Palacios indica que cuando Rita López Saavedra fue gerenta general de Petroperú, solo dispuso la suspensión de Cristina Fung Quiñones (13/1/26), quien era gerenta general interina de Petroperú desde agosto hasta noviembre del 2024. La congresista Palacios explica en su Oficio N° 419-2025-2026-MPH/CR: «cuando la sanción de inhabilitación administrativa impuesta supera los tres meses corresponde la extinción del vínculo laboral, y no su mera suspensión. En este caso todos los involucrados deben ser despedido, tal y conforme ha sido emitida la resolución venida de grado superior y en el extremo al haber omitido dicho despido la señora Rita López Saavedra estaría en curso en el delito de omisión de funciones, actos de corrupción de funcionarios entre otros, en ese sentido la petrolera estatal debe tomar acción».

La congresista Palacios solicita información sobre si Cristina Fung y los demás trabajadores sancionados, siguen trabajando en Petroperú, y si la empresa estatal emitió algún informe legal «cuestionado la legalidad de la referida decisión» (7/4/26).