La noche del miércoles 12 de marzo, el pleno del Congreso aprobó  crear una Comisión investigadora Multipartidaria para investigar todos los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la empresa brasilera Odebrecht por un lado y la Fiscalía y la Procuraduría por otro. La investigación tendrá un plazo legal de 90 días hábiles y se centrará por los efectos lesivos que dicho acuerdo haya generado en desmedro de los derechos e intereses del país.

La votación del pleno fue con 94 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones.

La propuesta fue admitida y aprobada en función de la Moción de Orden del Día 15431, presentada el 8 de enero pasado por legisladores de las bancadas de Renovación Popular, Honor y Democracia, Avanza País – Partido de Integración Social y No Agrupados. El encargado de sustentar la moción fue el congresista de Renovación Popular, Jorge Zevallos Aponte, quien afirmó que “como se tiene evidenciado de las actuaciones tanto del Ministerio Público y la Procuraduría Pública Ad Hoc en al ámbito penal y civil, respectivamente, dentro del proceso de colaboración eficaz objeto de cuestionamiento, el Estado peruano habría sido perjudicado en sus derechos e intereses», detallando que: “el Ministerio Público, entre otros beneficios, habría concedido la exención de pena no solo a la persona jurídica Odebrecht, sino a todos sus funcionarios, ex funcionarios (incluidos los qué no se acogieron a la colaboración eficaz y reconocido hechos ilícitos) y empresas vinculadas a este grupo económico brasilero… Odebrecht habría asumido obligaciones concretas con la administración de justicia peruana respecto a actuaciones de carácter personal -testimoniales-, así como actuaciones de carácter documental y material que se encuentren bajo su dominio”.

¿Qué consecuencias tendrá el informe de la Comisión Investigadora? no se sabe, pues la mayoría termina en nada.