El mundo empresarial y político chileno siguió con atención el discurso que ofreció el lunes el presidente estadounidense Donald Trump ante los legisladores republicanos en Miami, donde reveló sus planes de imponer nuevos aranceles al cobre, el acero y el aluminio. “Cosas que necesitamos para nuestras fuerzas armadas”, apuntó en su club de golf Trump National Doral. Sin entrar en detalles, el mandatario recién llegado a la Casa Blanca por segunda vez, enmarcó la medida en un discurso sobre “traer de vuelta la producción” a Estados Unidos. Chile, el mayor proveedor de cobre del mundo, no tardó en reaccionar. El Gobierno de Gabriel Boric ha establecido este mismo martes un grupo de trabajo a través de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), en coordinación con el ministerio de Hacienda, para indagar el alcance que podrían tener los planes del magnate.
El canciller Alberto Van Klaveren anunció este martes por la mañana que la mesa de trabajo tendrá como objetivo “analizar los principales flujos comerciales de Chile con Estados Unidos y poder evaluar en qué medida estos flujos podrían verse afectados”, según explicó tras una reunión con representantes de gremios empresariales citada por el Diario Financiero (DF). Consultados sobre este asunto, tanto la Subrei como Hacienda no tenían más detalles. El responsable de las relaciones internacionales de Boric planteó que Washington y Santiago tienen una “relación muy positiva desde el punto de vista comercial”. Eso, desde las prioridades de la administración de Trump, “es una tendencia positiva”. Además señaló que EE UU exporta más a Chile de lo que Chile envía a ese país.
Durante el tercer trimestre de 2024, los principales países compradores del metal rojo chileno fueron China (51,3%), seguido por Estados Unidos (11,3%), y Japón (11,1%), según un informe del Banco Central. En 2024, la exportación de cobre aumentó un 17%, alcanzando los 50.800 millones de dólares, prácticamente la mitad de la cifra total.
Tras el encuentro entre Van Klaveren y representantes de gremios empresariales, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, aseguró que ven “con preocupación” un pronunciamiento las posibles subidas de aranceles del cobre, “dado que es la mitad de nuestras exportaciones y, por lo tanto, tendría repercusiones importantes”, advirtió a los medios locales sobre un asunto que seguirán “con atención”. “Sabemos la importancia que tiene el cobre para nuestra economía, para nuestras exportaciones, pero también para el mundo entero, porque el proceso de transición energética pasa por la electrificación, lo que requiere de mucho cobre”, añadió.
Trump adelantó en su extenso discurso ante los republicanos que “en un futuro muy cercano” también van a imponer aranceles a la producción extranjera de chips de computadora, semiconductores y productos farmacéuticos “para devolver la producción de estos bienes esenciales a EE UU”. Luego del encuentro con los legisladores, el mandatario afirmó a los periodistas en el Air Force One que no ha decidido una cifra para los aranceles del cobre, metal y aluminio. “Será suficiente para proteger a nuestro país”, respondió.
Los planes arancelarios de Trump sobre los metales llegaron después de que el mandatario estadounidense anunciara el domingo la imposición de aranceles del 25% a los bienes colombianos como represalia porque el Gobierno de Gustavo Petro no permitió aterrizar a dos vuelos de repatriación de migrantes indocumentados. Tres horas después del anuncio, sin embargo, Petro cedió a las exigencias de Trump y accedió a recibir vuelos con deportados a cambio de que Washington no le imponga el arancel a sus importaciones.
Consultada sobre este asunto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en Radio Infinita, que cuando Chile deporta personas a su país de origen “esperamos colaboración de ese país. Y en general la obtenemos”. “Si en cualquier país, Estados Unidos o el que sea, hay chilenos que por razones legales o migratorias se les expulsa y se les devuelve a nuestro país, cuando tenemos las coordinaciones, la información adecuada, nosotros colaboramos. Los chilenos siempre pueden venir a Chile y cuando se les expulsa de otro país, nuestra obligación es colaborar con eso”.
Antonia Laborde, El País
