El jueves 13 de marzo, el fondo canadiense Brookfield anunció que presentó una demanda contra el Estado peruano por US$ 2,700 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, con sede en Washington, USA.
La demanda es por la disputa que tiene la empresa Rutas de Lima SAC con la Municipalidad Metropolitana de Lima. A mediados del 2016, Brookfield adquirió el 57% de Odebrecht por un monto no revelado, pero que se especuló podría ser de S/ 2,000 millones. Actualmente, los otros accionistas de Rutas de Lima son Novonor (exOdebrecht) con el 25% de las acciones y el fondo peruano Sigma con el 18% restante.
Brookfield explica que la demanda es porque la Municipalidad de Lima suspendió el cobro del peaje de Puente Piedra, lo que fue validado por el Tribunal Constitucional en mayo del año pasado (Exp. N° 01072-2023-PHC/TC). Brookfield agrega que el Municipio, mediante ordenanzas municipales, le expropió su concesión sobre la carretera Ramiro Prialé. La concesión de Rutas de Lima es sobre la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la ampliación de 19 km sobre la Ramiro Prialé. También indica que dos tribunales internacionales y una corte federal de USA han ordenado al Municipio limeño el pago de más de US$ 200 millones por el cierre del peaje de Puente Piedra, que no ha cumplido.
En la nota de prensa de Brookfield, el gerente de infraestructura de Brookfield, Ben Vaughan, señala: «Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano hayan tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas… Brookfield considera que las acciones del Perú son irrazonables y contraproducentes».
