La secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil suspendió su colaboración con el Perú en el caso Lava Jato por la queja de exdirectivos de la constructora brasileña OAS, hoy Grupo Metha, quienes señalan quese incumplió los beneficios procesales concedidos a cambio de su colaboración judicial.

La decisión tomada por la fiscal brasileña Anamara Osório Silva constituye un nuevo revés para las investigaciones en Perú que se suma a la suspensión en los casos de Odebrecht (Novonor). Esta suspensión se focaliza en el proyecto vial Línea Amarilla, adjudicada a OAS en Lima, que como se conoce fue cocedida con pagos ilícitos a funcionarios municipales de la capital peruana: la exalcaldesa Susana Villarán y los principales directivas.

Los exdirectivos de OAS solicitaron amparo a la Procuraduría de Brasil tras ser denunciados en Perú, por sostienen que el Ministerio Público peruano vulneró el «principio de especialidad» y la limitación de uso de pruebas, que eran pilares en el acuerdo de colaboración. Además, uno de los gerentes afirmó que fue procesado por lavado de activos en Lima, pese a la inmunidad negociada en Brasil, generando inseguridad jurídica. La Procuraduría coincidió con la postura de los exdirectivos.

De esta forma se detiene la asistencia en el expediente Línea Amarilla «hasta tanto se reciban aclaraciones suficientes» que disipen las sospechas de violación a la especialidad y a la prohibición de autoincriminación. Hasta la fecha, las autoridades peruanas no han dado respuesta al requerimiento.

Perú es el país con más expresidentes implicados en el caso Lava Jato, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Toledo y Humala fueron sentenciados. Mientras que Kuczynski está con arresto domiciliario. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, iniciará en setiembre de este año.

El fiscal José Domingo Pérez comenta: «Esto es una solicitud de los funcionarios de la empresa OAS, que en el caso de Léo Pinheiro, el exdirectivo principal de dicha empresa, ya va a entrar próximamente a ser juzgado. Entonces, eso no va a impedir el inicio del juicio en el caso de la alcaldesa Susana Villarán….Se ha establecido como un plazo de 90 días para absorber las observaciones que a criterio de la justicia brasileña determinarían la suspensión. Y es en ese sentido que nosotros estamos recabando la información para poder dar respuesta a las autoridades brasileñas».