Las asociaciones de jueces tomadas por el «activismo jurídico» como la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Jusdem), junto con la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, se pronunciaron en contra del proceso disciplinario impuesto contra Janet Tello, presidenta del Poder Judicial y los otros jueces supremos por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de sendos comunicados, afirmaron, sin conocer el expediente, que dicho procedimiento, amparado por la Constitución, vulnera el debido proceso y la independencia judicial.
Asimismo, en el comunicado, de la crema y nata del activismo, se solicita que los distintos jueces y juezas del Perú se mantengan alerta respecto al proceso iniciado contra Janet Tello y sus compañeros de la Sala Suprema (2024). Según la asociación, dicho procedimiento debe ser observado de cerca por los profesionales que administran justicia cercanos al «activismo», ya que se estaría llevando a cabo un ataque contra la autonomía del Poder Judicial.

¿Por qué la Junta Nacional de Justicia le abrió un proceso disciplinario a la presidenta del Poder Judicial?
La JNJ bajo la presidencia de Gino Ríos Patio, ha iniciado un proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, junto con el voto de otros cuatro jueces supremos, por una presunta irregularidad cometida por Tello cuando integraba la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en el marco de la resolución de un caso de índole laboral.
La magistrada ha manifestado su sorpresa ante la celeridad del proceso en su contra, que es un proceso similar al aplicado, por la anterior JNJ, a la exFiscal de la Nación Patricia Benavides que provocó su destitución, argumentando ahora que los procedimientos express suelen aplicarse únicamente en situaciones de extrema gravedad.
Según su opinión, la JNJ carece de competencia para cuestionar un criterio jurisdiccional y, por lo tanto, no debería haber iniciado una acción disciplinaria en su contra. Sin embargo, la denuncia a la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social, por haber fallado en contra del demandante, el Coronel (r) PNP Julio Ramón Cadenillas señala que al rechazar su casación aplicaron una norma que ya había sido derogada.