El exgerente general de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán e hijo de su camarada el excongresista Julio Castro y colaborador eficaz en el destape del financiamiento ilegal de campañas del municipio, fue hallado muerto en un baño del departamento de su padre,

Su muerte ocurre a dos meses del inicio oral, del caso mas lento del equipo Lavajato, porque la cuentas en Andorra a favor de Miguel Castro fueron descubiertas por el periódico español El País (19/9/2017) hace ocho años y recién se ha programado para el próximo 23 de septiembre por el fiscal filomarxista José Domingo Pérez, que con lengua de ofidio y pies de quelonio ha seguido, queriendo o sin querer el rítimo de Brookfield y Vinci, las que compraron las concesiones a Odebrecht y OAS porque a este paso la setencia firmal por corrución estaria lista recién el 2035. Tiempo suificiente para que el fondo canadiense y el fondo francés sigan esquilmando a las familias peruanas y los abogados y periodistas caviares sigan repitiendo que hay que «respetar las reglas de la inversión».

Las investigaciones tienen como principal móvil un asesinato de mafia para silenciar con arma blanca y herida en la yugular para silenciar al principal testigo contra la Villarán y los demás integrantes de la argolla Las Chalinas Verdes.

El alto exfuncionario edil era colaborador eficaz de la fiscalía en tanto los aportes realizados por Odebrecht y OAS entre 2012 y 2014. Cuando abandonó el penal Castro Castro prestó declaraciones ante el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público sobre las coimas recibidas para financiar la campaña por el “No” a la revocatoria, pagar a los actores y actrices y la eventual reelección de la exalcaldesa Villarán (Infobae).

Castro relató minuciosamente cómo se efectuaron operaciones de entrega de dinero a varios caviares, describiendo montos, fechas y hasta mecánicas de distribución, indicando que la excongresista Anel Townsend recibió por lo menos US$20.000 en dos partes: la mitad durante la campaña para cubrir movilidad y gastos publicitarios, y la otra mitad como “bono de éxito” al terminar la contienda contra la revocatoria. Castro precisó que estas operaciones surgieron a raíz de un almuerzo convocado por Villarán en su casa y que luego, Townsend fue contratada por la municipalidad a través del PNUD para trabajar en Participación Ciudadana. Cuentan que Luis Favre el publicista brasileño aborrecía al conyuge de la política.

El exgerente señaló también que las regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, activas en la coordinación de eventos y cierre de campaña, recibieron S/60.000 en efectivo para cubrir los costos de logística, producción y movilidad, fondos que provenían de dinero entregado por OAS. Afirmó que ambas firmaron recibos de entrega, aunque no se han presentado copias de estos documentos. .

Otro de los nombres que figura en sus declaraciones es el del sociólogo Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, virtual candidato a la presidencia del Partido del Buen Gobierno quien según Castro habría recibido pagos directos que suman entre US$60.000 y US$ 120.000 por asesoría política a Villarán en las dos primeras etapas de su gestión municipal. Castro dio cuenta de su intervención directa ante directivos de OAS para coordinar la entrega de estos fondos, así como la continuidad de pagos mensuales por consultorías adicionales. Nieto reconoció haber asesorado a Villarán, pero negó haber recibido remuneración alguna y menos pagos de OAS. Hildebrand en sus Trece los investgó por un lujoso inmueble en primera fila en el balneario de Punta Hermosa y Panorama por una casa de campo en Lurín.

En su condición de colaborador, Castro también denunció que la encuestadora Giovanna Peñaflor recibió US$ 40.000 por realizar estudios de opinión y focus groups relacionados a la campaña del “No”. Detalló que durante una reunión en el Club La Unión, Peñaflor habría reconocido públicamente que era la empresa constructora la que costeaba estos servicios, cuestión que ella luego negó, precisando que Imasen solo realizó estudios para Odebrecht sobre el proyecto vial Rutas de Lima. Las delaciones de Castro se extendieron sobre otros operadores políticos. Aseguró que Jaime Salinas recibió US$120.000. Señaló que varias entregas se realizaron a través del tesorero de campaña Luis Gómez Cornejo en un café de Miraflores. Añadiendo que parte del dinero se destinó al alquiler y funcionamiento de un local partidario en Jesús María, cuyos costos corrían por cuenta de los saldos de campaña financiados por Odebrecht y OAS. Detalló que se invirtieron aproximadamente S/10.000 mensuales en alquiler, con planillas cercanas a los S/20.000 y la adecuación de un departamento para Villarán que superó los US$15.000; en total, unos US$300.000.

La colaboración de Castro no solo incluyó minuciosos detalles sobre los aportes ilícitos sino también sobre los vínculos entre la gestión municipal y las constructoras. Testimonios de ejecutivos como Jorge Barata de Odebrecht y Raúl Ribeiro del consorcio Rutas de Lima, confirmaron que Castro intermedió solicitudes de dinero —incluyendo US$3 millones para campañas— y coordinó la entrega de fondos al publicista Valdemir Garreta y a sus propias cuentas.

El Ministerio Público, a partir de su testimonio y de diversa documentación, sostiene que Castro tramitó US$10 millones de Odebrecht y OAS a cambio de otorgarles los peajes de Vía Parque Rímac Línea Amarilla) y Rutas de Lima. Su nombre figura además en operaciones bancarias en la Banca Privada de Andorra y en la gestión de cuentas para recibir giros de las firmas investigadas. Castro acudió a Andorra con el sentenciado Gabriel Prado ahijado de Villarán y dilecto miembro de IDL.