Blanco Sociedad Administradora de Fondos (Blanco SAF) es una empresa que está bajo intervención de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) desde el pasado 17 de abril, por las numeras quejas de sus partícipes (inversionistas) y sospechas de irregularidades. Blanco SAF tiene dos fondos públicos, BP6 Soles y BP7 Dólares, que son supervisados por la SMV, además de varios otros fondos privados.

El pasado 23 de septiembre, la SMV suspendió por 30 días la autorización de funcionamiento a Blanco SAF, por mantener un déficit de patrimonio mínimo, que al mes de junio era negativo en S/ -11.3 millones, entre otros.

Blanco SAF y sus ejecutivos también afrontan una investigación preliminar en la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra Criminalidad Organizada. El pasado 10 de julio, el empresario Joaquín Cabrera, denunció a Blanco SAF por no entregar información adecuada a sus partícipes, por la poca transparencia de sus fondos que administra y la vinculación de Blanco SAF con personajes cuyos fondos serian de dudosa procedencia. El mismo empresario, la semana pasada, amplió su denuncia contra Blanco SAF.

En esta ampliación de denuncia, se detalla que dos trabajadores de Blanco SAF constituyeron C&H Fish SAC el 22 de octubre de 2019, pero después, el 12 de diciembre de 2019, Diego Ortiz de Zevallos Aguirre (accionista minoritario de Blanco SAF e hijo de la accionista mayoritaria, María Luisa Aguirre Salazar) adquirió el 99.9% de las acciones de C&H Fish SAC y, posteriormente, transfirió todas sus acciones a Apulso SAC (sería de propiedad de Micaela y Diego Ortiz de Zevallos, hijos de María Luisa Aguirre) el 15 de agosto de 2022. El 26 de febrero de 2021, el comité de inversiones de los fondos de Blanco SAF le aprobó un préstamo de US$ 857,535. A través de un contrato privado de compraventa de acciones por dación en pago del 5 de diciembre de 2022, C&H Fish transfirió la totalidad de sus acciones a fondos de Blanco SAF, con lo cual, se habría extinguido la deuda de C&H Fish con los fondos. Sin embargo, pese a que C&H Fish entregó sus acciones para pagar la deuda con los fondos, el registro contable la deuda nunca desapareció: “las asambleas de partícipes de los Fondos no aprobaron ninguna de las adquisiciones de acciones que realizó Blanco SAF a nombre de los Fondos” indica el escrito que tuvimos a la vista.

La ampliación de denuncia revela que “Blanco SAF habría transferido a favor de C&H Fish un inmueble que pertenecía a los fondos”. Resulta que Trust Sociedad Titulizadora adquirió, del anterior propietario, Conservera Isis SAC, el dominio fiduciario del inmueble ubicado en Avenida Playa Oquendo N° 657, Fundo San Agustín Callao, donde opera una planta de procesamiento pesquero y de harina de pescado residual (5/10/18). Trust Sociedad Titulizadora transfirió la propiedad del mencionado inmueble a favor de Fondo BP1 – Fondo de inversión privado (50.60%), Fondo BP4 – Fondo de inversión privado (7.39%), Fondo BL1 – Fondo de inversión privado (41.73%), Blanco SAF (0.28%) en mérito a una dación en pago por un monto ascendente a USD 560,646.90 (6/5/19).

El1° de diciembre de 2019, Blanco SAF habría firmado un contrato de arrendamiento de establecimiento industrial pesquero con la empresa C&H Fish por un plazo de 5 años contados a partir del 2 de enero de 2020, adjuntándose una supuesta acta de constatación de posesión de establecimiento industrial pesquero, de fecha 25 de mayo de 2020 suscrita por el notario público Pedro German Núñez Palomino (quien perdió su título por haber sido condenado por falsificación de documentos), en el que se certificaría que C&H Fish ejercía posesión en el mencionado inmueble. A pesar de la oposición de Conservera Osiris, C&H Fish logró obtener el cambio de titular de la licencia para operar la planta de procesamiento pesquero. Sorprendentemente, mediante escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2020, el inmueble de la planta de procesamiento pesquero de propiedad de los Fondos administrados por Blanco SAF se transfirió a nombre de C&H Fish por el monto de US$ 560,646.89, es decir, el mismo monto por el que se adquirió a Trust Sociedad Titulizadora de acuerdo a la dación en pago, sin la certeza si el pago por el inmueble se realizó, ya que se pactaron pagos anuales y se renunció a la hipoteca legal. Por último, mediante escritura pública de fecha 20 de abril de 2021, se constituyó una hipoteca a favor de Blanco SAF hasta por la suma de US$ 6.6 millones a fin de garantizar determinadas obligaciones.

También la ampliación de denuncia detalla que desde Blanco SAF se habría prestado dinero al Fondo Arizona, donde los apoderados son María Luisa Aguirre y el gerente general de Blanco SAF, José Castillo Carazas. El mayor activo del Fondo Arizona es la universidad UPAL, donde su principal autoridad era José Castillo. La denuncia cita el reportaje “La mamá del lavado de activos” del programa Contracorriente (Willax 6/10/24), que señala que desde Blanco SAF se habría pagado hasta US$ 500 mil a favor del abogado Percy Sandón en tan solo 8 días; abogado del gerente general de Blanco SAF, José Castillo. De la misma manera, en el mes de mayo de 2023 se otorgó en dación en pago a favor del referido abogado Percy Sandón, una propiedad valorizada en US$ 125 mil. “¿Cuál es la razón de esos pagos a favor del referido abogado? Las propiedades que se entregan en dación en pago ¿son de Blanco o son de los fondos?” se pregunta la denuncia.

“En un documento (Excel) donde se evalúa la cartera de los fondos de inversión administrados por Blanco SAF se denota que accionistas, directores y funcionarios ya sabían que los fondos estaban en situación crítica; sin embargo, lejos de sincerar la información habrían continuado levantando dinero del público. En el mencionado documento se aprecia la presunta desviación de fondos, propiedades y activos de los partícipes e inversionistas a favor de María Luisa Aguirre y sus hijos Micaela Ortiz de Zevallos Aguirre y Diego Ortiz de Zevallos Aguirre. Asimismo, se habrían adjudicado garantías de los fondos a favor de Blanco SAF para el beneficio de las personas antes mencionadas” señala la denuncia.

Por último, entre las conclusiones de esta ampliación de denuncia está que al haber omitido los estados financieros intermedios de los fondos BP6 Soles y BP7 Dólares configuraría “el delito de estafa agravada y administración fraudulenta”. También, que “se habría declarado la existencia de garantías que, en realidad, no existen”, por lo que entraría en el delito de falsedad genérica, porque informaron de hechos falsos a través de hechos de importancia, “además de estafa agravada como delito perpetrado en el marco de una Organización Criminal”. Como accionistas, directores y gerentes de Blanco SAF habrían omitido efectuar provisiones para créditos calificados como dudosos o pérdida, esto estaría dentro del delito de omisión de provisiones específicas.

La ampliación de denuncia finaliza con: “Blanco SAF tuvo dos conductas: (i) declarar en su página web información alterada respecto a la situación de los fondos, es decir publicó información falsa que no se ajustaba a la realidad y (ii) por acuerdo de los órganos de decisión, redujo el ticket mínimo de los inversionistas para que inviertan en los fondos y así continuar con su actuar ilegal”.