Respuesta del ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, a la columna de opinión de Gonzalo Tamayo «Petroperú en Campaña» del 4 de febrero del 2026, publicada en el diario Gestión

Extracto de la columna:

“También se nota la oposición de algunos políticos trasnochados de izquierda o anquilosados en el tiempo. Algunos de ellos dirigieron el país cuando la empresa comenzó a entrar en “trompo”.

Si la situación de Petroperú ya era riesgosa y financieramente frágil en el 2021, el desastre se inició en el gobierno de Castillo, cuando se nombra a una administración (¿recuerdan a Hugo Chávez como gerente general?) que desarrolla una errada política de precios de combustibles, destinada a recuperar agresivamente participación de mercado y expulsar a los importadores luego de la para de la antigua refinería, lo que termina “quemando” la caja de la empresa. Como consecuencia, aumenta la deuda financiera y con proveedores, hasta que se queda sin petróleo crudo por falta de pago. En el camino, se pelea con su auditor, la clasificadora de riesgo, y el sistema financiero le cierra el caño. Y esa es la razón del primer rescate de varios. ¡Un desastre de manejo empresarial!”.

COMENTARIO:

Datos clave de su gestión según Wikipedia. Enfoque: Durante su mandato, se centró en reducir brechas de acceso a la electricidad, impulsar la masificación del gas natural y modernizar Petroperú.

Durante la gestión de Gonzalo Tamayo Flores como Ministro de Energía y Minas (julio 2016 – julio 2017), se autorizaron importantes transferencias y medidas de financiamiento para PETROPERÚ, principalmente orientadas a su fortalecimiento patrimonial y al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT):

Aporte de capital de S/ 321 millones: En enero de 2017, mediante el Decreto Legislativo 1292, el gabinete de lujo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski dispuso un incremento del capital social de Petroperú por un monto de hasta S/ 321 millones. Transferencia de S/ 1,056 millones: En el primer semestre de 2017, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) lideró la ejecución presupuestal del sector mediante la transferencia de S/ 1,056 millones a la estatal. Este monto formó parte del aumento de capital social establecido legalmente para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Es decir, el exministro dispuso de S/ 1,377 millones del fisco que, según su columna en Gestión, corresponde a «las sucesivas administraciones tomaron decisiones equivocadas que han abusado de la garantía implícita del Estado».

El exministro Tamayo también supervisó el proceso de endeudamiento para que la empresa pudiera emitir bonos globales en los mercados internacionales por US$ 2,000 millones con el fin de completar el financiamiento de la Refinería de Talara. «Estas medidas se tomaron bajo una política que buscaba modernizar la empresa y descartar su privatización, a pesar de que el propio ministro describía la situación recibida de la petrolera como «crítica» (Rumbo Minero).

Falta a la verdad el exministro Tamayo cuando afirma:

«Si la situación de Petroperú ya era riesgosa y financieramente frágil en el 2021, el desastre se inició en el gobierno de Castillo, cuando se nombra a una administración (¿recuerdan a Hugo Chávez como gerente general?) que desarrolla una errada política de precios de combustibles, destinada a recuperar agresivamente participación de mercado y expulsar a los importadores luego de la para de la antigua refinería, lo que termina “quemando” la caja de la empresa. Como consecuencia, aumenta la deuda financiera y con proveedores, hasta que se queda sin petróleo crudo por falta de pago.

Hugo Ángel Chavez Arévalo, Director Gerente General de Petroperú (15/9/21-21/3/22) señala:

Recibí una empresa con una pérdida de $38 millones al tercer trimestre del 2021 y cierro el ejercicio 2021 con $106 millones de utilidad. En el primer trimestre 2022 genero $107 millones de utilidad, después de mi renuncia en el segundo trimestre durante la gestión de Humberto Campodónico se genera $7 millones de utilidad, terminando el año con pérdidas de: $278 millones en el 2022, $1,064 millones el 2023 , $774 millones el 2024 (Estados Financieros-EEFF de Petroperú).

Durante mi gestión nunca solicite apoyo financiero del gobierno, ya que existe muchas herramientas para financiar la importación de crudos y refinados , como lo he escrito en diversos artículos en LinkedIn, compras a refinerías o compras a gobiernos mediante contratos mensuales o anuales garantizados con una cuenta de fideicomiso.

Respecto a la afirmación del exministro Tamayo Flores que desarrolle una errada política de precios de combustibles, destinada a recuperar agresivamente una mayor participación de mercado y expulsar a los importadores, debo decir que ese comentario es calumnioso y falso ya que me acompañaron los resultados. Lo que es cierto, es que expulsé a los proveedores mafiosos intermediarios que vendían a sobreprecio y que eran protegidos por una casta mercantilista de opinologos, lo que hice fue comprar directamente a los productores: ExxonMobil, BP, Shell, y otros, que redujeron los precios históricos hasta en US$10 dólares por barril.

En noviembre de 2021, como acompañamiento de estas medidas, comenzó la revisión y posterior finalización de diversos contratos de consultoría, incluyendo, la firma de la que es socio el exministro, como parte de una reestructuración. 

Los puntos clave de esta resolución fueron:

Identificación de irregularidades: El nuevo directorio de la estatal petrolera detectó que se habían contratado asesorías por montos cercanos a los S/ 600 millones que no habrían cumplido con los objetivos establecidos o presentaban inconsistencias legales.

Entre las consultorías señaladas se encontraban servicios de comunicación estratégica, asesoría de imagen y planeamiento, rubros en los que participaban consultoras como Macroconsult y otras firmas, por la necesidad de reducir costos operativos y poner fin a contratos que consideraba, que no eran esenciales o que se habían celebrado bajo condiciones cuestionables durante las administraciones previas.

Entiendo que el exministro Tamayo Flores como socio principal de Macroconsult se vió afectado por las medidas que tomé, pero eso no lo faculta a criticar sin fundamento. Respecto a su comentario sobre: «lo que termina “quemando” la caja de la empresa. Como consecuencia, aumenta la deuda financiera y con proveedores, hasta que se queda sin petróleo crudo por falta de pago».

Esto es FALSO. No pagué los sobreprecios de la compra de refinados ni reconocí lo incrementos de presupuesto de la contratista española Técnicas Reunidas, empresa responsable de la Nueva Refinería  de Talara, ya que desde el primer día de mi gestión  cuestione su sobreprecio, que hasta la fecha,costo que ningún economista, como Elmer Cuba de Macrocosult u otros, cuestionaban. El proyecto NACIÓ MUERTO, porque su producción no llegaría al punto de equilibrio, dicho en cristiano, las ventas nunca cubrirían sus obligaciones y generarían perdidas.

Es por esta razón, que me propuse elevar las ventas hasta 130,000 barriles diarios, más la eliminación de las consultorías amañadas, lo que generó renta en PETROPERU durante mi permanencia en la empresa.

Respecto al comentario: «En el camino, se pelea con su auditor, la clasificadora de riesgo y el sistema financiero le cierra el caño».

FALSO. Lo sucedido con PwC en las auditorias  pasó  en los ejercicios 2021 y 2022; y a mí sólo me corresponde el 2021, el 2022 no fue mi responsabilidad. El proceso de selección del auditor externo para Petroperú, por ley, es responsabilidad de la Contraloría General de la República (CGR), que añadió capas . La licitación se convocó tardíamente el 30 de noviembre de cada año por la  CGR, proceso que normalmente dura tres meses lo que ocasionó que los EEFF auditados en lugar de encontarse auditados en la fecha límite del 15 de mayo, recien se entregaran en setiembre de 2021 y 2022, suscitando la mala calificación de las clasificadores de Riesgo. Dicho de otra manera, lo mismo que sucesión sucedió con la administración siguiente a cargo de Humberto Campodónico. Retraso de la CGR que coadyuvó a la rebaja de la calificación de los bonos. Designación tardía del auditor: La Contraloría General de la República no seleccionó a la sociedad auditora (PwC) sino hasta el 3 de abril de 2023, apenas unas semanas antes de la fecha límite habitual de presentación (31 de mayo).

En cambio si se trata de evaluar gestiones, podemos advertir a vuelo de pájaro, ciertas perlas acaecidas durante la gestón del exministro Tamayo:

Tal como señalamos líneas arriba autorizó cuantiosas transferencias y medidas de financiamiento para PETROPERÚ, nada menos que S/ 1.377 millones orientados al fortalecimiento patrimonial y al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). 

Igualmente el exministro Tamayo paralizo el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) en enero de 2017. debido a que el consorcio, liderado por Odebrecht, no logró el cierre financiero (financiamiento bancario) tras destaparse el escándalo de corrupción Lava Jato.

Desde entonces, la obra, que incluía más de 1,137 km de tuberías, quedó abandonada. Los activos abandonados siguen contabilizados en más de 1,600 millones de dólares, cifra que incluye tubos, maquinaria e ingeniería sin utilizar ni producir beneficio alguno para la población.

El ministro Tamayo pese a resolver el contrato dispuso el cuidado y mantenimiento de las tuberías e infraestructura del Gasoducto Sur Peruano (GSP), pase a cargo del Estado representando un gasto millonario y constante y un punto en contra, en la demanda de Odebrecht contra el Perú en el CIADI (Washington) por el GSP, por US$ 1,200 millones.

En el año 2025, el Ministerio de Energía y Minas destinó S/ 40 millones adicionales para que Osinergmin continúe con la custodia de los bienes. En años anteriores, como 2023, el presupuesto superó los S/ 55 millones. Desde la paralización del proyecto en 2017, hasta la fecha, este gasto se acerca a los US$ 300 millones, por una negociación mediocre. El costo diario del mantenimiento de los tubos y campamentos bordea los US$ 130,000 (Infobae).

Además de los costos de mantenimiento, el Perú enfrenta obligaciones legales relacionadas con el proyecto, como el pago de US$ 302 millones a la empresa Enagás, el socio de Odebrecht, tras un fallo arbitral reciente del CIADI.